La Jurisdicción Especial para la Paz decidió cerrar el expediente judicial contra seis exintegrantes de la Dijín vinculados con la masacre de Mondoñedo, ocurrida en septiembre de 1996. La determinación se tomó luego de concluir que los comparecientes no pueden ser considerados máximos responsables dentro de los criterios establecidos por la justicia transicional.
Con esta decisión, los exfuncionarios obtienen el beneficio de renuncia a la persecución penal, una figura jurídica que extingue las acciones penales y disciplinarias en su contra. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que sus conductas no hicieron parte de una estructura criminal de carácter sistemático ni desempeñaron roles de liderazgo que justificaran su procesamiento como máximos responsables.
Durante el proceso ante la JEP, los seis exagentes reconocieron su participación en los hechos, expresaron disculpas a las víctimas y presentaron propuestas de reparación simbólica orientadas a preservar la memoria de lo ocurrido. Entre ellas se encuentra un proyecto museográfico destinado a reconstruir la verdad histórica sobre la masacre.
La masacre de Mondoñedo tuvo lugar entre el 6 y el 7 de septiembre de 1996. Según las investigaciones, seis personas fueron retenidas ilegalmente por funcionarios de la Dijín y posteriormente asesinadas en Bogotá y en la zona rural de Mondoñedo, en límites entre la capital y el municipio de Mosquera. Los hechos se convirtieron en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes estatales durante esa década.
La decisión de la JEP no modifica las responsabilidades atribuidas a otros implicados en el caso, pero sí pone fin a los procesos contra estos seis comparecientes dentro de la jurisdicción especial, cerrando un capítulo judicial que permaneció abierto durante casi tres décadas.
