El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar acciones judiciales tras conocerse una investigación periodística que señala supuestos beneficios otorgados al Clan del Golfo durante el actual Gobierno. La instrucción fue dirigida al vicepresidente electo y jefe del equipo de empalme, José Manuel Restrepo, quien deberá adelantar las gestiones correspondientes ante las autoridades nacionales e internacionales.
La decisión surge luego de la divulgación de unos audios en los que, presuntamente, se evidencian gestiones para frenar solicitudes de extradición contra integrantes de esa organización criminal y suspender operaciones militares, entre ellas bombardeos dirigidos al grupo armado.
A través de un comunicado, De la Espriella calificó las revelaciones como hechos de máxima gravedad institucional y aseguró que requieren una respuesta inmediata dentro del marco legal. En ese sentido, instruyó a su equipo a revisar el material disponible para presentar las denuncias penales, disciplinarias y cualquier otra acción que resulte procedente.
Entre los mencionados en la investigación figura el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a quien se relaciona con los presuntos acercamientos al Clan del Golfo. Además, el mandatario electo solicitó que la información sea remitida, por los canales diplomáticos e institucionales correspondientes, al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que sea evaluada.
De igual forma, pidió poner los hechos en conocimiento de organismos internacionales con el fin de determinar si existieron posibles vulneraciones a los derechos humanos derivadas de las actuaciones del Estado colombiano.
La decisión también anticipa un ambiente de tensión durante el proceso de empalme entre gobiernos y reafirma la postura de De la Espriella frente a la política de paz total impulsada por la administración saliente de Gustavo Petro, iniciativa que ha cuestionado en repetidas ocasiones.
Tras recibir la credencial que lo acredita como presidente electo, De la Espriella envió un mensaje a los grupos armados ilegales, advirtiendo que disponen de un mes para definir su sometimiento a la justicia y asegurando que durante su administración no habrá concesiones ni beneficios extraordinarios para estas organizaciones.
Investigación que originó la polémica
La controversia se originó a partir de una investigación periodística que reveló presuntas reuniones entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, representantes del Clan del Golfo y abogados de esa organización.
Según la información divulgada, en esos encuentros se habrían planteado medidas favorables para el grupo armado, entre ellas la suspensión de bombardeos, modificaciones dentro de las Fuerzas Militares y la interrupción de procesos de extradición contra algunos de sus principales cabecillas.
Las revelaciones se conocieron un día antes del traslado de integrantes del Clan del Golfo a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), mecanismo creado por el Gobierno dentro de su estrategia de paz. Sin embargo, tras el escándalo generado por la publicación de los audios, la implementación de esa medida fue suspendida pocas horas después.