Ciro Alejandro Ramírez Cortés, senador/ foto: archivo particular.
El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura contra el senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez Cortés, del partido Centro Democrático, luego de la condena de primera instancia impuesta por la Corte Suprema de Justicia a 23 años de prisión por su participación en el caso de corrupción conocido como Las Marionetas 2.0.
La decisión fue adoptada por la Sala Tercera de Decisión, bajo la ponencia del magistrado Wilson Girón, quien ordenó notificar oficialmente al congresista para que ejerza su derecho a la defensa dentro del término legal de cinco días hábiles. La acción fue presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, quien sostiene que la permanencia del senador en el Congreso resulta incompatible con la condena emitida por la jurisdicción penal.
Según el fallo de primera instancia, Ramírez Cortés habría obtenido beneficios políticos y económicos mediante la intervención indebida en contratos del Departamento de Prosperidad Social, en hechos que afectaron recursos públicos destinados a distintas regiones del país. No obstante, el proceso de pérdida de investidura es independiente del trámite penal y deberá resolverse conforme a las normas constitucionales y las pruebas que se alleguen durante el proceso.
Defensa
Como parte del trámite, el Consejo de Estado notificó a la Procuraduría General de la Nación para que intervenga mediante un agente delegado y emita un concepto sobre la procedencia de la pérdida de investidura.
El Ministerio Público deberá analizar si la condena penal en primera instancia constituye un fundamento suficiente para retirar definitivamente la investidura del congresista y determinar las consecuencias jurídicas correspondientes.
La actuación judicial avanza mientras el periodo constitucional del senador está próximo a finalizar, aunque una eventual decisión favorable a la demanda podría generar efectos sobre su posibilidad de ejercer cargos de elección popular en el futuro, dependiendo del análisis que realice el alto tribunal.
La admisión de la demanda no implica una decisión de fondo ni anticipa el resultado del proceso, sino que confirma que la solicitud cumple los requisitos legales para ser estudiada. Ahora corresponderá al Consejo de Estado valorar los argumentos de las partes y establecer si existen los presupuestos constitucionales para decretar la denominada muerte política del congresista boyacense.