El Gobierno nacional informó sobre dos importantes operaciones de la Fuerza Pública que representaron un nuevo golpe contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los procedimientos, desarrollados en los departamentos de Chocó y Norte de Santander, permitieron la incautación de explosivos, armamento y más de una tonelada de cocaína, afectando las capacidades operativas y las fuentes de financiamiento de este grupo armado ilegal.
Operación
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, explicó que una de las operaciones fue ejecutada por unidades de la Armada de Colombia en el litoral del San Juan, departamento del Chocó, como parte del Plan Ayacucho. Durante el desarrollo de las maniobras militares, los uniformados sostuvieron enfrentamientos con integrantes del ELN, logrando debilitar la presencia de esta organización en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Como resultado del operativo, las tropas localizaron e incautaron 16 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, una mina antipersonal, armas de fuego, municiones y abundante material de intendencia. Según el ministro Sánchez, estos elementos serían utilizados para ejecutar acciones terroristas contra integrantes de la Fuerza Pública y contra la población civil que habita en la región.
Las autoridades señalaron que el hallazgo evidencia la evolución de las capacidades militares del ELN, que ha incorporado el uso de drones para transportar y lanzar explosivos, incrementando el alcance de sus ataques en zonas rurales y de difícil acceso. La incautación de estos dispositivos evitó, según el Ministerio de Defensa, la posible ejecución de atentados que habrían puesto en riesgo la seguridad de comunidades del Pacífico colombiano.
Resultado
El ministro destacó que este resultado representa un golpe directo a las capacidades ofensivas del ELN, al impedir que estos recursos fueran utilizados para intimidar a la población y atacar a las autoridades. Asimismo, reconoció la labor de los marinos que participaron en la operación, resaltando su compromiso y valentía durante los enfrentamientos.
Sánchez también hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando con las autoridades mediante los canales de denuncia habilitados, recordando que la información suministrada por la comunidad es fundamental para prevenir acciones criminales y fortalecer las operaciones contra los grupos armados ilegales.
A este resultado se suma una segunda operación desarrollada en el municipio de Bochalema, Norte de Santander, donde la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, desmanteló un laboratorio para el procesamiento de cocaína que, según las autoridades, pertenecía al ELN.
Durante el procedimiento fueron incautadas 1,1 toneladas de cocaína listas para su comercialización, además de 300 kilogramos de base de cocaína, 4.309 galones de insumos líquidos y 950 kilogramos de insumos sólidos utilizados para la producción de estupefacientes. El laboratorio, considerado de gran capacidad, fue destruido para impedir que pudiera volver a ser utilizado por organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Golpe a las finanzas
El Ministerio de Defensa señaló que este operativo representa un importante golpe a las finanzas del ELN, ya que afecta una de las principales fuentes de recursos económicos de la organización. Las autoridades consideran que la producción y comercialización de cocaína continúa siendo uno de los mecanismos utilizados por los grupos armados ilegales para financiar sus actividades criminales.
El ministro Pedro Arnulfo Sánchez aseguró que estas acciones hacen parte de la estrategia integral del Estado para combatir el narcotráfico y reducir la capacidad operativa de las organizaciones ilegales que actúan en diferentes regiones del país. Además, reiteró el reconocimiento al trabajo conjunto de policías, soldados y marinos que participan en este tipo de operaciones.
Finalmente, el Gobierno reafirmó que continuará fortaleciendo las acciones militares y policiales contra el ELN y demás estructuras criminales, con el propósito de proteger a la población, combatir las economías ilícitas y garantizar la seguridad en las regiones donde históricamente han operado grupos armados organizados. Estos resultados, según las autoridades, hacen parte de los esfuerzos permanentes para debilitar tanto las capacidades militares como las redes de financiación de estas organizaciones ilegales.