Juan Manuel Paraqueimo Oliveros, capturado/foto: archivo particular.
Un juez con función de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Juan Manuel Paraqueimo Oliveros, de 20 años, de nacionalidad venezolana, quien es investigado por su presunta participación en la agresión sexual y el robo de dos mujeres en hechos ocurridos el pasado 23 de junio en el municipio de Sogamoso.
Investigación
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió establecer que el procesado habría atacado a una joven de 19 años durante la noche, abordándola por la espalda e intimidándola con un arma de fuego para obligarla a entregar su teléfono celular. Según el ente acusador, durante el asalto la víctima fue sometida a tocamientos de carácter sexual bajo amenazas contra su vida. Minutos después, y en el mismo sector, el hombre habría interceptado a una adolescente de 15 años para despojarla de su celular. La Fiscalía indicó que, tras intimidarla con el arma, presuntamente la obligó a ingresar a un lote baldío, donde la sometió a actos de violencia sexual y humillaciones antes de huir del lugar.
Captura
La rápida reacción de unidades de la Policía Nacional permitió la captura del sospechoso en situación de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron un arma de fuego que, según la investigación, habría sido utilizada para intimidar a las víctimas.
Con base en los elementos materiales probatorios y la evidencia recopilada, un fiscal seccional imputó a Paraqueimo Oliveros los delitos de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento y hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó los cargos formulados durante las audiencias preliminares.
Tras valorar los argumentos presentados por la Fiscalía, el juez consideró procedente imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso penal.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia sexual y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y respuesta institucional frente a este tipo de delitos. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia para facilitar la judicialización de los responsables y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a la atención integral.