La Defensoría del Pueblo manifestó su profunda preocupación y rechazo por los hechos de violencia e intimidación que se registraron en el país en el marco del aniversario número 62 del ELN, entre los que se encuentra la instalación de banderas alusivas a ese grupo en el municipio de Guaitarilla, Nariño.
De acuerdo con el pronunciamiento de la entidad, en diferentes territorios se presentaron hostigamientos armados, ataques con explosivos y la aparición de símbolos del grupo armado ilegal que generaron temor e incertidumbre en las comunidades. Además de Nariño, los departamentos afectados fueron Risaralda, Casanare, Guainía, Chocó, Valle del Cauca, Arauca y Cauca.
En el caso de Nariño, la Defensoría reportó la instalación de banderas del ELN en Guaitarilla, una acción que se suma a las alertas por presencia y presión de grupos armados en la zona andina del departamento. La entidad advirtió que este tipo de hechos buscan sembrar zozobra y afectar directamente la tranquilidad de la población civil.
A nivel nacional también se documentaron situaciones graves. En Risaralda hubo ataques contra la Estación de Policía y el batallón de San José del Palmar, así como hostigamientos en Santa Cecilia, Pueblo Rico, que dejaron un uniformado herido y daños a la infraestructura. En Chocó la estación de Policía de Tadó fue atacada con drones cargados con explosivos. En Cauca, específicamente en López de Micay, se presentó el desplazamiento de cerca de 70 familias, más de 200 personas de la comunidad de San Antonio de Gurunendy, por lo que la Defensoría pidió atención humanitaria urgente.
Para la Defensoría, estas acciones constituyen una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, pues ponen en riesgo a la población civil y profundizan la crisis humanitaria en los territorios. Por ello hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para fortalecer las medidas de prevención y protección, en especial en municipios como Guaitarilla y en las zonas más vulnerables de Nariño. Así mismo solicitó garantizar atención humanitaria inmediata a las comunidades afectadas y mantener una presencia institucional integral y permanente que brinde garantías de seguridad y confianza.