El Comité Nacional de Empalme del Gobierno nacional reiteró que el proceso de transición entre la administración saliente y el gobierno entrante debe ser un ejercicio estrictamente institucional y democrático, cuyo objetivo principal es garantizar la continuidad de la administración pública y la adecuada prestación de los servicios del Estado. En ese sentido, enfatizó que el empalme no puede convertirse en una investigación penal, un juicio político ni en una plataforma para realizar acusaciones contra el Gobierno que termina su mandato.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el Comité explicó que, desde el inicio del proceso de empalme, el Gobierno ha actuado con el propósito de proteger el interés general de los ciudadanos y asegurar que la transición entre administraciones se desarrolle de manera organizada, transparente y respetando las normas vigentes. Según el pronunciamiento, todas las actuaciones realizadas hasta el momento se han llevado a cabo de conformidad con la Constitución Política, la Ley 951 de 2005, que regula los procesos de empalme en Colombia, y las demás directrices establecidas para este tipo de transición.
El Comité también confirmó que se mantiene la suspensión de las sesiones conjuntas de empalme con el equipo del gobierno entrante. Explicó que esta decisión responde a la falta de garantías de respeto institucional y al ambiente generado por recientes declaraciones públicas que, según el Gobierno, afectan el propósito técnico y democrático del proceso.
Uno de los principales motivos de la suspensión fueron las declaraciones realizadas por Carlos Alonso Lucio, integrante del Comité de Empalme del gobierno entrante, así como el uso de la expresión «empalme anticorrupción» para referirse al proceso de transición. De acuerdo con el Comité, esa denominación transmite la idea de que el Gobierno saliente es responsable de actos de corrupción antes de que exista cualquier investigación o decisión de las autoridades competentes, lo que, a su juicio, desnaturaliza el verdadero objetivo del empalme.
El Gobierno sostuvo que el proceso de transición no debe partir de una presunción de responsabilidad contra la administración saliente. Recordó que, si existen posibles irregularidades, corresponde exclusivamente a los organismos competentes —como las autoridades disciplinarias, fiscales y penales— adelantar las investigaciones necesarias, siempre respetando el debido proceso, la independencia judicial y las garantías constitucionales. Por esta razón, insistió en que el empalme no puede ser utilizado como un escenario para formular acusaciones públicas o realizar debates políticos.
Asimismo, el Comité informó que el Gobierno presentó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, al considerar que sus declaraciones afectaron la honra y el buen nombre del presidente Gustavo Petro y de los integrantes de su administración. Esta medida hace parte de las acciones judiciales anunciadas por el Ejecutivo frente a lo que considera afirmaciones falsas o injuriosas.
Como parte de las acciones para fortalecer la transparencia y brindar mayores garantías al proceso, el Comité Nacional de Empalme informó que invitó formalmente al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que designe funcionarios que acompañen las sesiones sectoriales de empalme en ejercicio de la función preventiva del Ministerio Público, si así lo considera conveniente. Además, destacó la participación de la Contraloría General de la República, señalando que la presencia de los organismos de control contribuye a fortalecer la confianza pública, la objetividad y la transparencia durante la transición entre gobiernos.
En su declaración, el Comité aseguró que actualmente no existen las condiciones mínimas de respeto institucional para continuar desarrollando las reuniones conjuntas con el equipo del gobierno entrante. Según el Gobierno, los ataques personales, los señalamientos públicos y la narrativa utilizada por algunos integrantes del equipo de transición han alterado el propósito del empalme y han dificultado el desarrollo normal de las actividades previstas.
Por esa razón, anunció que la participación del Gobierno nacional en las sesiones conjuntas permanecerá suspendida hasta que se restablezcan las garantías necesarias para un diálogo respetuoso. Entre esas condiciones mencionó el respeto recíproco entre las partes, el cese de las actuaciones consideradas incompatibles con la naturaleza institucional del proceso y la recuperación de un ambiente que permita desarrollar un empalme técnico, serio, transparente y ajustado a la Constitución y la ley.
Finalmente, el Comité Nacional de Empalme afirmó que esta decisión no busca impedir la transición de gobierno, sino proteger la institucionalidad y preservar la dignidad del Estado. Reiteró que el propósito del empalme sigue siendo garantizar una transición ordenada y responsable, basada en la buena fe, la transparencia, el respeto institucional y el compromiso con el interés general de todos los ciudadanos.