Una nueva tragedia sacude a la capital
Bogotá vuelve a enfrentar un caso que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y la ciudadanía. La muerte de Adriana Manotas, una mujer que presentó complicaciones críticas después de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento clandestino del occidente de la ciudad, ha reabierto el debate sobre la proliferación de centros ilegales dedicados a este tipo de intervenciones.
Según informó la Alcaldía de Bogotá, la emergencia fue reportada a través de la Línea 123 durante la mañana del viernes. La paciente fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la Cruz Roja ubicado en la localidad de Kennedy; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las complicaciones presentadas.
El establecimiento operaba de manera irregular
Las primeras investigaciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y la SIJÍN revelaron que el inmueble donde se realizó el procedimiento no contaba con avisos exteriores, identificación visible ni elementos que permitieran establecer que allí se prestaban servicios de salud.
Además, tras revisar las bases de datos oficiales, las autoridades determinaron que el lugar no estaba registrado como prestador habilitado de servicios de salud y que la persona identificada como representante legal tampoco contaba con autorización para ejercer actividades relacionadas con la atención sanitaria.
La administración distrital anunció su colaboración con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar si existen posibles delitos relacionados con ejercicio ilegal de la medicina, homicidio culposo u otras conductas penales.
Un problema que viene creciendo en Colombia
El caso de Adriana Manotas no es un hecho aislado. Apenas dos meses antes, el país conoció el caso de Yulixa Toloza, una mujer que desapareció luego de someterse a una lipólisis láser en otro establecimiento ilegal de Bogotá. Días después, su cuerpo fue encontrado en el municipio de Apulo, Cundinamarca, dando paso a una investigación por homicidio y otros delitos.
Este caso generó una fuerte reacción a nivel nacional y llevó al Gobierno colombiano a plantear la denominada «Ley Yulixa», una iniciativa orientada a reforzar los controles sobre los procedimientos estéticos y garantizar que únicamente médicos especializados y debidamente acreditados puedan realizar este tipo de intervenciones.
Aumentan las inspecciones, pero persisten los riesgos
La Secretaría Distrital de Salud informó que entre 2025 y lo corrido de 2026, con corte al 5 de julio, se han realizado 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos relacionados con actividades estéticas y de belleza en Bogotá. Asimismo, se llevaron a cabo 590 operativos focalizados para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.
Como resultado de estas acciones, las autoridades impusieron 155 medidas sanitarias de seguridad por diversas irregularidades. En lo corrido de 2026 también se han efectuado más de un centenar de visitas relacionadas con quejas ciudadanas y se han aplicado decenas de medidas contra establecimientos habilitados y no habilitados.
Pese a estos esfuerzos, las autoridades reconocen que la oferta clandestina continúa creciendo, impulsada en muchos casos por precios más bajos, publicidad engañosa en redes sociales y la falta de verificación por parte de algunos usuarios.
Colombia, uno de los países con más procedimientos estéticos
De acuerdo con cifras citadas por las autoridades y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en el país se realizan más de 400.000 procedimientos estéticos al año, lo que convierte a Colombia en uno de los mercados más importantes de América Latina en esta industria.
Sin embargo, este crecimiento también ha traído consigo la proliferación de centros irregulares y personas que ofrecen procedimientos sin contar con la formación médica necesaria ni con condiciones mínimas de seguridad.
Expertos en salud han insistido en la necesidad de verificar que las clínicas estén habilitadas, que los profesionales cuenten con títulos reconocidos y que los procedimientos se desarrollen en instalaciones autorizadas y con protocolos adecuados de atención de emergencias.
Llamado de las autoridades
Tras la muerte de Adriana Manotas, la Alcaldía de Bogotá reiteró su llamado a la ciudadanía para consultar previamente la habilitación de los establecimientos y denunciar cualquier lugar que opere de forma clandestina. Asimismo, insistió en que los procedimientos estéticos, aunque suelen considerarse de carácter electivo, pueden implicar riesgos significativos para la salud e incluso causar la muerte cuando son realizados por personas no capacitadas o en lugares sin condiciones sanitarias adecuadas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y de promover campañas de prevención que permitan evitar nuevas tragedias relacionadas con la práctica ilegal de procedimientos estéticos en Colombia.