El abogado Andrés Martínez realizó un análisis sobre la situación jurídica y contractual de la doble calzada Rumichaca–San Juan, una de las obras de infraestructura más importantes para el sur del país, cuya ejecución parcial ha generado durante años un amplio debate entre autoridades, comunidades y diferentes sectores de la región.
El jurista recordó que el proyecto fue adjudicado el 11 de septiembre de 2015 por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a la Concesión Vial Unión del Sur mediante un contrato de concesión por un valor cercano a los 2,3 billones de pesos.
Explicó que la iniciativa se desarrolló bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa pública, modelo en el que el concesionario asumió la financiación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, así como los riesgos asociados al proyecto. El consorcio adjudicatario estuvo integrado por las compañías Sacyr, de España, y Sudinco Construcciones, de Ecuador.
De acuerdo con Martínez, la estructura financiera del contrato contemplaba la recuperación de la inversión a través del recaudo de dos estaciones de peaje: una ubicada en El Placer y otra proyectada en el sector del kilómetro 11, en Las Cruces. Sin embargo, indicó que la oposición de comunidades al segundo peaje alteró las condiciones inicialmente previstas para el desarrollo de la concesión y obligó a replantear parte de la ejecución del proyecto.
El abogado señaló que, con el paso del tiempo, el contrato fue objeto de varios ajustes, entre ellos modificaciones en las unidades funcionales y cambios en algunos tramos del trazado vial. Añadió que el 30 de enero de 2023 se suscribió el acta de terminación de las obras correspondientes a las unidades funcionales ejecutadas, dando paso a la etapa de operación del contrato.
No obstante, precisó que el tramo comprendido entre Rumichaca y San Juan quedó sin ejecutarse, razón por la cual considera que, bajo las condiciones actuales del contrato, la construcción de ese segmento no podría retomarse de manera inmediata.
Pese a este panorama, Martínez afirmó que la legislación permite modificar los contratos estatales cuando existe acuerdo entre las partes y se cumplen los requisitos establecidos por la ley. En ese sentido, sostuvo que una eventual reactivación del proyecto requeriría un proceso de renegociación entre la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión, el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y las comunidades involucradas.
Durante su análisis, el abogado también hizo referencia al manejo institucional que tuvo el proyecto en sus primeros años. En su opinión, durante las administraciones del entonces gobernador de Nariño, Camilo Romero, y del entonces alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, faltó un proceso de concertación oportuno con las comunidades indígenas frente a la ubicación del peaje proyectado, circunstancia que, según señaló, influyó en las dificultades que posteriormente enfrentó la ejecución de la obra.
Finalmente, Martínez manifestó que el debate sobre el futuro de la doble calzada debe sustentarse en el estudio del contrato vigente, sus modificaciones y el marco jurídico aplicable, con el propósito de plantear soluciones viables desde el punto de vista técnico, legal y financiero, más allá de las posiciones políticas que puedan surgir alrededor del proyecto.