La firma Esmeraldas Banco Negro S.A.S. oficializó hoy un enérgico pronunciamiento corporativo para aclarar su situación. La organización privada busca detallar su realidad operativa en la provincia de Occidente. Por lo tanto, los directivos emiten este comunicado en respuesta a publicaciones de plataformas digitales. En dichos portales, supuestos integrantes de la minería tradicional acusaban al grupo de ejercer presiones territoriales.
Por esta razón, la representación legal de la compañía rechazó tajantemente cada uno de los señalamientos delictivos. Los voceros argumentan que las afirmaciones de los civiles carecen por completo de sustento probatorio real. En consecuencia, la junta considera que estas denuncias solo buscan menoscabar el buen nombre comercial de la organización. El grupo defenderá su reputación corporativa dentro del sector minero boyacense.
Inexistencia operativa y realidad del contrato de concesión
En primer lugar, la defensa técnica de la corporación precisó las realidades jurídicas que cobijan el territorio. El área está amparada bajo el contrato de concesión minera número ICQ-080527X. De acuerdo con las verificaciones catastrales vigentes, dentro del perímetro geográfico adjudicado no se adelanta ninguna explotación artesanal. El subsuelo no registra actividades de barequeo tradicional por parte de lugareños.
Asimismo, los censos de la Agencia Nacional de Minería ratifican la ausencia total de excavadores informales. Estos datos corresponden de forma específica a los predios asignados por el Estado colombiano. Por consiguiente, la compañía considera un absurdo lógico que se le atribuyan conductas de intimidación o constreñimiento. No es posible generar disputas relacionadas con labores extractivas que simplemente no existen en la zona.
Respeto institucional y parálisis absoluta en los frentes de trabajo
Por otra parte, la empresa privada reveló que actualmente registra una parálisis absoluta en sus frentes. La junta directiva confirmó que la organización no ejecuta ningún tipo de intervención material en los terrenos. El personal tampoco realiza remoción de capa vegetal o explotación de gemas en el subsuelo de la provincia. Por tal motivo, los apoderados consideran falsas las declaraciones sobre supuestos daños ambientales.
Finalmente, el documento corporativo reitera que todas sus actuaciones se enmarcan estrictamente en la Constitución Política. Los representantes legales instaron a los ciudadanos a contrastar las denuncias mediante los canales de la policía judicial. De esta manera, se evita la propagación de noticias falsas que sabotean la seguridad jurídica de las inversiones mineras en Boyacá. El tejido empresarial solicita acompañamiento institucional para garantizar el orden público en la región.