La polémica que reavivó el debate sobre el Acuerdo de Paz
La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que evalúe la apertura de una investigación contra el presidente electo, Abelardo De la Espriella, por las declaraciones que realizó contra Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, excomandante de las extintas Farc y actual presidente del partido Comunes.
La controversia se produjo luego de que De la Espriella asegurara públicamente que buscará que Londoño cumpla prisión de por vida, además de cuestionar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y anunciar eventuales cambios en la política de implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
En respuesta, Cuartas manifestó que estas afirmaciones podrían desconocer los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco del proceso de paz y, además, generar un ambiente de confrontación y riesgo para los excombatientes que se acogieron al acuerdo.
El pronunciamiento de Gloria Cuartas
A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria expresó:
“Pido a la Fiscalía iniciar investigación contra el señor Abelardo de la Espriella por los delitos que haya podido incurrir al hacer señalamientos contra el presidente del Partido Comunes”.
Cuartas sostuvo que Rodrigo Londoño se sometió a un proceso de negociación respaldado por el Estado colombiano y por la comunidad internacional, por lo que las declaraciones del mandatario electo desconocerían una década de construcción institucional alrededor de la paz.
Asimismo, advirtió que el nuevo gobierno tiene la obligación constitucional de respetar lo pactado y proteger la vida de los firmantes del acuerdo, muchos de los cuales han sido víctimas de amenazas y asesinatos desde la firma del proceso en 2016.
¿Qué dijo Abelardo De la Espriella?
El presidente electo ha sido uno de los críticos más fuertes del acuerdo alcanzado con las Farc y de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Durante sus recientes declaraciones, afirmó que buscará reformas profundas en la política de paz y sostuvo que ‘Timochenko’ debería responder penalmente con una condena de prisión perpetua. Además, cuestionó el papel de la JEP y aseguró que revisará varias de las instituciones creadas tras la firma del acuerdo.
Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en sectores políticos cercanos al proceso de paz, que consideran que este tipo de mensajes pueden aumentar la polarización política y enviar señales de incertidumbre sobre el futuro de los compromisos asumidos por el Estado colombiano.
El trasfondo jurídico: ¿puede modificarse el Acuerdo de Paz?
Uno de los principales argumentos de Gloria Cuartas es que el Acuerdo Final de Paz cuenta con una protección jurídica especial.
Diversas disposiciones del acuerdo fueron incorporadas al ordenamiento colombiano y parte de su contenido se encuentra respaldado por la Corte Constitucional, que ha reconocido la obligación del Estado de garantizar su implementación progresiva. Por esta razón, Cuartas pidió también a la Corte activar los mecanismos de protección institucional previstos para preservar lo pactado.
No obstante, expertos han señalado en múltiples ocasiones que, aunque un nuevo gobierno puede impulsar modificaciones en las políticas públicas relacionadas con la paz, existen límites constitucionales y compromisos internacionales que impiden desmontar completamente el acuerdo de manera unilateral.
Un nuevo foco de tensión política en Colombia
La controversia se produce en un contexto de alta polarización política tras la elección de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia.
El mandatario electo ha llegado al poder con un discurso de mano dura contra la criminalidad y con fuertes críticas a varios de los pilares del proceso de paz, posiciones que le han generado apoyo en sectores conservadores, pero también preocupación en organizaciones defensoras de derechos humanos y en sectores que respaldan la implementación del acuerdo.
La petición de Gloria Cuartas abre ahora un nuevo capítulo jurídico y político, pues corresponderá a la Fiscalía determinar si las declaraciones del presidente electo constituyen algún tipo de conducta susceptible de investigación o si se encuentran amparadas por la libertad de expresión y el debate político.
Por el momento, el episodio vuelve a poner en el centro de la discusión nacional el futuro del Acuerdo de Paz, el papel de la JEP y las garantías de seguridad para los excombatientes que dejaron las armas hace una década.