A pocas semanas de culminar su mandato, el presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, una decisión que ya fue aceptada por el funcionario. Aunque la Casa de Nariño no ha emitido un comunicado oficial detallando los motivos de la salida, el relevo se produce tras un notable desgaste en la relación entre el mandatario y el jefe de la cartera energética.
Mientras se define un sucesor en propiedad para el cierre del periodo gubernamental, Pablo Yesid Fajardo, actual presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), asumirá la dirección del ministerio en calidad de encargado.
El detonante: La subasta que Petro calificó como «alta traición»
El distanciamiento definitivo entre el presidente y Palma se consolidó tras los resultados de la subasta del cargo por confiabilidad ejecutada por XM el pasado 22 de mayo. El proceso, que proyectaba asegurar la energía para los años 2029 y 2030, priorizó una cantidad importante de proyectos basados en generación térmica a gas natural, algo que chocó de frente con la bandera de transición energética del Ejecutivo:
- Furia presidencial: Petro estalló en redes sociales al enterarse de la adjudicación de una nueva planta termoeléctrica en la región Caribe, un área protegida ambientalmente bajo el decreto de la «línea negra». El mandatario calificó el hecho como una «traición al progresismo, a la vida y a la humanidad» e insinuó la existencia de presuntos sobornos para viabilizar el proyecto.
- Fuego amigo en el Pacto Histórico: Las decisiones de Palma provocaron fisuras públicas en el partido de Gobierno. Figuras cercanas al círculo presidencial, como el actual embajador en Brasil, Alfredo Saade, exigieron públicamente explicaciones al ministro y pidieron reversar lo que consideraron una «barbaridad» contra el programa de gobierno.
Cuentas pendientes con la justicia por la intervención de Air-e
Sumado a las diferencias conceptuales de la política energética, la gestión de Edwin Palma venía siendo fuertemente cuestionada en los tribunales. El saliente ministro arrastraba indagaciones formales ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades cometidas en 2025, época en la que ejerció como agente interventor de la golpeada empresa de energía del Caribe, Air-e.
El expediente judicial se centra en supuestos sobrecostos y la presunta tercerización irregular en la compra de transformadores mediante un millonario contrato celebrado con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC). Aunque Palma restó importancia a las investigaciones en su momento, catalogándolas como gajes normales de «una vida pública convulsa y judicializada», la inminencia de las imputaciones terminó por sepultar su continuidad en el gabinete.