La decisión del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda de no asistir al acto de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, previsto para el próximo 7 de agosto, abrió un intenso debate jurídico y político en Colombia. Mientras el dirigente del Pacto Histórico anunció públicamente que participará en un acto de «desobediencia civil» en Barranquilla ese mismo día, expertos han recordado que la legislación colombiana contempla obligaciones específicas para los congresistas durante la instalación del nuevo período constitucional.

La controversia surgió luego de que Cepeda asegurara que no reconoce la legitimidad política del mandatario electo y descartara asistir a la ceremonia «sea donde sea», incluso si finalmente se realiza fuera del Capitolio Nacional, como lo propuso el nuevo Gobierno.

¿Por qué se habla de un posible delito?

El debate gira alrededor de las obligaciones constitucionales y legales de los congresistas.

La Constitución establece que el Presidente de la República toma posesión del cargo ante el Congreso de la República. Paralelamente, la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) dispone que los congresistas tienen el deber de asistir a las sesiones plenarias, salvo que exista una excusa debidamente aceptada.

Juristas consultados por distintos medios sostienen que, si la ceremonia de posesión coincide con una sesión formal del Congreso y un congresista decide ausentarse sin una justificación válida, podría configurarse una conducta susceptible de investigación disciplinaria e incluso entrar en discusión la posible comisión del delito de prevaricato por omisión o de otras faltas relacionadas con el incumplimiento de deberes funcionales, dependiendo de las circunstancias concretas del caso. Sin embargo, cualquier eventual responsabilidad tendría que ser analizada por las autoridades competentes y no surge automáticamente por la sola ausencia.

La postura de Iván Cepeda

A través de sus declaraciones públicas, Iván Cepeda confirmó que no estará presente durante la posesión presidencial.

En cambio, anunció que encabezará un acto de desobediencia civil en Barranquilla, argumentando que no reconoce la legitimidad ética ni política del presidente electo.

El senador también reiteró que ejercerá una oposición firme al nuevo Gobierno desde el Congreso y cuestionó la decisión de trasladar la ceremonia de posesión fuera de Bogotá.

La polémica por la sede de la posesión

La discusión jurídica ocurre en medio de otra controversia.

El Senado aprobó una proposición para que la posesión presidencial pueda realizarse en el departamento del Cauca, rompiendo con la tradición de celebrarla en el Capitolio Nacional de Bogotá.

Aunque la iniciativa obtuvo respaldo mayoritario en el Senado, aún requiere el trámite correspondiente en la Cámara de Representantes. La propuesta ha generado fuertes críticas tanto desde la oposición como desde algunos sectores políticos que consideran que el Congreso debe seguir siendo el escenario natural del juramento presidencial.

¿La ausencia implica automáticamente un delito?

No.

Especialistas en derecho constitucional coinciden en que hablar de un delito de manera automática resulta jurídicamente incorrecto.

Para que exista responsabilidad penal deben analizarse múltiples factores, entre ellos:

  • Si efectivamente existía la obligación legal de asistir.
  • Si hubo una sesión formal del Congreso.
  • Si el congresista presentó una excusa válida.
  • Si la conducta encaja en algún tipo penal previsto en la legislación colombiana.
  • Si una autoridad judicial determina que hubo una omisión con relevancia penal.

Por ello, la afirmación de que Cepeda «incurrirá en un delito» corresponde más a una hipótesis jurídica que deberá ser evaluada, en caso de presentarse la ausencia, por las autoridades competentes.

Un ambiente político altamente polarizado

La controversia ocurre apenas semanas después de unas de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente de Colombia.

Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda por un margen inferior al 1 % de los votos, dando paso a un escenario de fuerte polarización política.

Desde entonces, ambos sectores han protagonizado constantes enfrentamientos alrededor de la legitimidad del nuevo Gobierno, la conformación de mayorías en el Congreso y la organización del acto de posesión presidencial.

¿Qué puede ocurrir ahora?

Si Iván Cepeda mantiene su decisión de no asistir y el Congreso considera que existió un incumplimiento de sus deberes, podrían presentarse solicitudes para revisar disciplinaria o jurídicamente su conducta.

No obstante, cualquier eventual investigación requerirá un análisis individual de los hechos y de las normas aplicables. Hasta el momento no existe una decisión oficial que establezca que el senador haya cometido alguna infracción.

La discusión, por ahora, permanece en el terreno jurídico y político, mientras Colombia se prepara para la ceremonia de posesión del presidente electo el próximo 7 de agosto.