Villa de Leyva/ foto: archivo particular.
La cifra de 112 millones de pesos, mencionada por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal que se adelanta contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos del expediente y será materia de análisis durante el juicio.
Ente acusador
De acuerdo con la tesis del ente acusador, ese valor correspondería aproximadamente al 20 % del costo de una nueva licencia de construcción relacionada con el proyecto urbanístico San Jacinto Nelvic S.A.S., elemento que hace parte de la investigación que enfrenta el mandatario municipal. Sin embargo, la defensa del alcalde sostiene que dicha suma carece de un sustento técnico plenamente acreditado.
Los abogados de Gamboa afirman que hasta el momento no existe un peritaje definitivo que permita establecer el área real de la ampliación de la obra, requisito indispensable para calcular el valor de una eventual licencia y, en consecuencia, cualquier monto asociado a ella.
Según la versión presentada por la defensa, funcionarios de la Secretaría de Planeación Municipal intentaron realizar inspecciones técnicas al proyecto para determinar los metros adicionales construidos, pero, presuntamente, estas diligencias no pudieron concretarse debido a que los responsables de la obra habrían impedido el ingreso de los funcionarios.
Ante esa situación, aseguran que fue necesario solicitar la intervención de una autoridad judicial para autorizar un peritaje. No obstante, indican que ese procedimiento aún no ha arrojado un dictamen definitivo que establezca con precisión el metraje construido.
Con base en ese argumento, la defensa considera que la cifra de 112 millones de pesos expuesta por la Fiscalía respondería a una estimación que todavía no cuenta con respaldo técnico suficiente, por lo que advierte que no puede presentarse como un hecho plenamente demostrado. Por su parte, la Fiscalía mantiene su postura dentro del proceso y será durante el juicio donde deberá sustentar las pruebas que respaldan el origen y la validez de ese cálculo. En consecuencia, corresponderá al juez valorar las pruebas presentadas por ambas partes y determinar si el monto señalado por el ente acusador tiene fundamento objetivo o si, como sostiene la defensa del alcalde Víctor Gamboa, se trata de una hipótesis que aún no ha sido acreditada dentro del proceso judicial.