La Unidad Nacional de Protección (UNP) dejará a la próxima administración un panorama financiero complejo, marcado por un déficit presupuestal que supera los 2,4 billones de pesos. La situación se atribuye al aumento de los costos operativos y al crecimiento de los recursos destinados a garantizar los esquemas de seguridad para personas bajo protección.
Entre los principales factores que incidieron en el incremento del gasto figura la ampliación de la flota de camionetas utilizadas para los esquemas de protección. En los últimos años, la entidad incrementó de manera significativa la contratación y adquisición de estos vehículos, una decisión que elevó las obligaciones financieras de la institución.
El desbalance presupuestal representa uno de los principales desafíos para el nuevo Gobierno, que deberá definir mecanismos para garantizar la continuidad de los esquemas de seguridad de líderes sociales, funcionarios públicos, excombatientes, periodistas y otras personas con riesgo extraordinario, sin afectar la estabilidad financiera de la entidad.
El panorama también reabre el debate sobre la sostenibilidad del modelo de protección que actualmente opera la UNP, especialmente por el crecimiento de la demanda de medidas de seguridad y el alto costo que representa mantener una flota de vehículos blindados y personal de escoltas.
