La Jurisdicción Especial para la Paz reiteró la importancia de establecer canales de comunicación con el Gobierno que iniciará funciones el próximo 7 de agosto, con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos derivados de sus decisiones judiciales.
Desde la entidad señalaron que la ejecución de varias sanciones restaurativas requiere el apoyo de instituciones del Estado, especialmente en aspectos relacionados con financiación, logística y acompañamiento a las comunidades beneficiadas.
El tribunal manifestó su disposición para trabajar de manera coordinada con las nuevas autoridades y destacó que la articulación entre las instituciones será determinante para avanzar en el cumplimiento de las medidas previstas dentro del sistema de justicia transicional.
