La Alcaldía adoptó restricciones temporales para preservar el orden público durante la posesión Presidencial y la conmemoración de la Batalla de Boyacá.

La Alcaldía de Ipiales había adoptado medidas especiales de seguridad con motivo de la jornada del 7 de agosto Las disposiciones quedaron establecidas mediante el Decreto 455 del 6 de agosto de 2026. El documento contempló acciones temporales para preservar el orden público durante la posesión del nuevo presidente de Colombia.
También se tuvieron en cuenta las actividades relacionadas con la conmemoración de la Batalla de Boyacá Así lo dio a conocer Sebastián Folleco, secretario de Gobierno de Ipiales, mediante las disposiciones establecidas en el decreto.
Una de las principales medidas correspondió a la creación de un perímetro de seguridad de 100 metros alrededor de la Estación de Policía y los CAI. En estas zonas había quedado prohibido el parqueo de vehículos particulares, motocicletas y automotores de carga. De igual manera, se había restringido la circulación de vehículos de carga pesada por el casco urbano y el centro del municipio.
Controles
Las autoridades también habían reforzado los controles de seguridad en las vías cercanas al Puente Internacional de Rumichaca. La vigilancia se había extendido a los pasos fronterizos no autorizados ubicados en jurisdicción del municipio. En estos operativos habían participado unidades de Migración Colombia, Ejército Nacional y Policía Nacional.
Las acciones también habían contado con coordinación entre las autoridades colombianas y ecuatorianas. El propósito había sido fortalecer la vigilancia en la zona fronteriza y prevenir situaciones que pudieran afectar la seguridad ciudadana.
Además, se habían reforzado los controles relacionados con el hospedaje y la movilidad de personas durante la jornada. Las autoridades habían mantenido especial atención sobre los sectores considerados estratégicos para la seguridad del municipio.
Drones
Otra de las disposiciones centrales había sido la prohibición del sobrevuelo de drones y aeronaves no tripuladas. La restricción había comenzado a las 12:00 de la medianoche del viernes 7 de agosto. Esta medida había permanecido vigente hasta las 6:00 de la mañana del sábado 8 de agosto. La prohibición había cobijado toda la jurisdicción del municipio de Ipiales.
La vigilancia se había concentrado especialmente en los alrededores de la Alcaldía y el Concejo Municipal. También se habían incluido las instalaciones policiales y militares dentro de las zonas de especial protección. La medida había contemplado además infraestructura crítica, como plantas de tratamiento de agua y subestaciones eléctricas.
Los puentes internacionales, terminales de transporte y sitios donde se realizarán eventos públicos también habían tenido vigilancia especial. Sin embargo, habían quedado exceptuados los drones utilizados oficialmente por la Fuerza Pública. También se habían permitido aquellos empleados por organismos de socorro y autoridades de salud y salvamento debidamente acreditadas.
El decreto no había establecido inicialmente una ley seca general para el municipio. La venta, expendio y consumo de bebidas embriagantes solo se habría restringido en caso de presentarse hechos que alteraran gravemente el orden público. De ocurrir una situación de este tipo, la medida habría permanecido vigente hasta las 11:59 de la noche del 8 de agosto.
Asimismo, se había prohibido la venta de combustible en recipientes diferentes al tanque de los vehículos. Las autoridades también habían restringido eventos, aglomeraciones y actos públicos masivos que no contaran con autorización.
No obstante, las disposiciones habían contemplado la garantía del derecho ciudadano a la protesta pacífica. Con estas medidas, la Administración Municipal había buscado mantener el control y prevenir hechos que afectaran la seguridad durante la jornada.
El Decreto 455, firmado por el alcalde José Amílcar Pantoja, había entrado en vigencia desde su publicación. Las medidas habían permanecido activas durante los periodos establecidos por las autoridades municipales.

Sebastián Folleco, secretario de gobierno.