Colombia pidió apoyo de Washington para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en el país.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella autorizó la realización de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en territorio colombiano, como parte de una nueva estrategia para combatir a los grupos armados y las estructuras vinculadas al narcotráfico.
La decisión fue anunciada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien aseguró que el Gobierno colombiano solicitó formalmente la cooperación de Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones calificadas como narcoterroristas.
Según Hegseth, Colombia pidió que el Departamento de Guerra estadounidense participe en acciones coordinadas para atacar a los grupos armados y desarticular las redes relacionadas con el tráfico de drogas y otras actividades ilegales.
El anuncio se produce luego de que De la Espriella manifestara, durante su posesión presidencial, que su Gobierno enfrentará de manera directa a las organizaciones criminales y descartara la posibilidad de establecer negociaciones de paz con estos grupos.
Como parte de este nuevo acercamiento en materia de seguridad, el Gobierno estadounidense también anunció que contempla destinar 1.000 millones de dólares en asistencia para Colombia, recursos que estarían dirigidos al fortalecimiento de las capacidades de seguridad del país.
Cooperación contra el narcotráfico
La alianza entre Bogotá y Washington se plantea en un contexto marcado por la presencia de diferentes organizaciones armadas que obtienen recursos de actividades como el narcotráfico, la extorsión y el control de economías ilegales.
Colombia continúa siendo uno de los principales productores de cocaína a nivel mundial, mientras que Estados Unidos representa uno de los mayores mercados de consumo. Esta situación ha mantenido la lucha contra el tráfico de drogas como uno de los principales puntos de cooperación entre ambos países.
De acuerdo con cifras citadas por la Fundación Ideas para la Paz y basadas en información oficial de 2025, alrededor de 25.000 personas formarían parte de las diferentes estructuras ilegales vinculadas a estas economías.
Con la autorización de operaciones conjuntas, el Gobierno de De la Espriella busca reforzar la capacidad de la Fuerza Pública para enfrentar a estos grupos, mientras Estados Unidos ampliaría su cooperación militar y de seguridad con Colombia.