La evasión del pago del pasaje en el sistema de transporte masivo es uno de los dolores de cabeza más recurrentes para las autoridades. Para ponerle freno a esta problemática, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) y TransMilenio S.A. anunciaron un ambicioso convenio interadministrativo por un valor de 48.437 millones de pesos. Este acuerdo busca transformar por completo la infraestructura de siete estaciones clave que conectan al municipio de Soacha con la capital del país.

Un corredor estratégico bajo la lupa

El corredor de alta demanda que une a Soacha con Bogotá registró cerca de 37,4 millones de validaciones durante el último año, lo que se traduce en un promedio de 102.000 accesos diarios. Debido al alto flujo de pasajeros y a las constantes denuncias por el ingreso irregular de usuarios, la intervención se enfocará en modernizar los puntos críticos de control de acceso.

Las siete estaciones que serán intervenidas de manera progresiva son:

  • En Soacha: San Mateo, Terreros, La Despensa y León XIII.
  • En Bogotá: Bosa, Perdomo y Madelena.

¿Cuáles son las nuevas medidas tecnológicas anticolados?

El proyecto contempla una serie de modificaciones estructurales y tecnológicas de última generación diseñadas específicamente para blindar las entradas de las estaciones:

  • Instalación de 140 puertas automáticas: Fabricadas con materiales de alta resistencia, cuentan con un sistema de bloqueo inteligente que impide su apertura no autorizada tanto desde el interior como desde el exterior.
  • Barreras de Control de Acceso (BCA) y torniquetes de piso a techo: Como parte del plan, se implementará un piloto inicial en la estación San Mateo para evaluar la efectividad de estos filtros estrictos.
  • Adecuaciones físicas integrales: El convenio también contempla mejoras en los espacios de circulación, señalización y zonas de acceso para optimizar el flujo de los usuarios legales y garantizar una operación más segura.

Plazos y ejecución del proyecto

De acuerdo con el cronograma establecido entre TransMilenio y la ARM —donde la empresa de transporte aporta el 60,24 % de los recursos y la agencia regional el porcentaje restante—, los trabajos se desarrollarán de forma paulatina con una vigencia de ejecución que irá hasta el 31 de diciembre de 2027. Con estas obras, las entidades esperan no solo reducir drásticamente el índice de evasión, sino también mejorar la sostenibilidad financiera del sistema y la seguridad de los pasajeros.