La investigación por el presunto entramado de corrupción en la Caja de Compensación Familiar de Nariño se amplió y ya tiene ahora nueve personas imputadas y nuevas piezas por encajar. La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de cinco nuevos procesados por presunto direccionamiento de contratos, entre ellos el exdirector Diego Raúl Blanco Pérez y los contratistas Juan Pablo Apráez Castañeda, Liliana Goretti Osorio Villota, Miriam Andrea Martínez Ega y Jaime Alejandro Narváez Arévalo.
Ellos se unen a Olga Alicia Vásquez Martínez, subdirectora de servicios; Diana Marcela Salazar Quelal; Rosa Milena Lagos Medicis, y Edgar Alonso Insandará, quienes fueron privados de la libertad como personas vinculadas por su presunta participación en este entramado de corrupción.
La investigación estableció que se habrían direccionado ocho contratos por cerca de 9.804 millones de pesos mediante licitaciones simuladas, entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
Judicialización en las últimas horas
Ayer 30 de agosto de 2026, se conoció la judicialización de 5 personas que estarían implicadas en el direccionamiento de la contratación institucional. La investigación de la Fiscalía permitió identificar un presunto entramado de corrupción en la Caja de Compensación Familiar de Nariño, mediante el cual funcionarios y contratistas se habrían apropiado de recursos públicos a través de procesos contractuales simulados.
Por estos hechos, fueron judicializados el exdirector, Diego Blanco, y los contratistas Juan Pablo Apraes, Liliana Goretti Osorio, Miriam Andrea Martínez y Alejandro Narváez Arévalo.
Contundentes evidencias
Para la Fiscalía, las evidencias indican que habrían sido direccionados ocho contratos por más de 9.804 millones de pesos, financiados con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC). Sobre dicho monto se desembolsaron anticipos por más de 2.942 millones de pesos, equivalentes al 30% del valor contratado.
Presuntas irregularidades
De acuerdo a la Fiscalía, al parecer, diseñaron invitaciones públicas a la medida de contratistas previamente concertados, así como fraccionado los contratos mediante cuantías inferiores para eludir la pluralidad de oferentes, a cambio de comisiones sobre anticipos y presentación de cuentas con sobrecostos. Además, quedaron en evidencia estudios previos y pliegos con requisitos restrictivos, ajustados a empresas preseleccionadas que carecerían de idoneidad operativa real.
Exsubdirector avaló gastos
La Fiscalía precisó que, Blanco Pérez, como ordenador del gasto, es señalado de avalar las actas de adjudicación en el comité de compras, permitiendo el favorecimiento de oferentes específicos. Estos conocían de antemano los términos de referencia y, en algunos casos, habrían prestado sus nombres para que terceros se apropiaran de los recursos.
Imputación
Sobre estas cinco personas judicializadas, un fiscal de la Seccional Nariño imputó a los procesados, conforme a su posible responsabilidad individual, delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Blanco Pérez y Osorio Villota aceptaron cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, los investigados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
Versión extraoficial
La versión extraoficial también plantea que la investigación podría alcanzar a una poderosa familia de Nariño, o al menos a una de sus integrantes, a quien se le atribuiría un supuesto papel detrás de la contratación de la caja de compensación. La misma versión sostiene que Olga Vásquez, una de las primeras personas judicializadas en este proceso, no sería necesariamente la principal cabeza de la estructura, pues se sospecha de una presunta socia de Vásquez, a quien se le atribuiría un papel central en el direccionamiento de la contratación y en el movimiento y posterior legalización de los recursos a través de empresas de papel.
Otro de los interrogantes planteados por esta versión tiene que ver con la defensa de Vásquez Martínez. Presuntamente, la exfuncionaria no habría asumido el pago de los servicios del exfiscal Mario Iguarán, como su abogado, y supuestamente los honorarios habrían sido cubiertos desde Bogotá por personas relacionadas con el entramado investigado.
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En la gráfica, aparecen Rosa Milena Lagos Medicis; la subdirectora de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar de Nariño, Olga Alicia Vázquez y Diana Marcela Quelal, quienes fueron privadas de la libertad, al iniciar las investigaciones de este entramado de corrupción.
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Durante las audiencias concentradas aparecen los procesados Liliana Goretti Osorio Villota, Jaime Alejandro Narváez Arévalo, Juan Pablo Apráez Castañeda y Miriam Andrea Martínez Ega.
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Los 11 grandes interrogantes del escándalo
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¿QUIÈN ES EL CONTACTO EN BOGOTÀ?
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el entramado de corrupción que hoy sacude a la Caja de Compensación, Comfamiliar de Nariño, tiene a uno o varios participantes en la ciudad de Bogotá y en ese sentido se habla de una alta funcionaria de la Superintendencia de Cajas de Compensación Familiar del pasado Gobierno de Gustavo Petro, de quién se dice es socia de Olga Vázquez.
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¿QUIÉN DESDE BOGOTÁ PAGÓ LOS SERVICIOS DEL EXFISCAL GENERAL DE LA NACIÓN MARIO IGUARAN PARA QUE VINIERA A PASTO A DEFENDER A OLGA VÁZQUEZ?
Se dice que esa presunta socia de Olga Vázquez, fue quien, en la capital de la República, pagó los servicios del exfiscal Mario Iguarán para que se desplazará a la ciudad de Pasto y asumir la defensa de la subdirectora administrativa de Comfamiliar Nariño. El objetivo sería hacer que una de las principales implicadas en este escándalo de corrupción, “prendiera su ventilador” y comenzara a suministrar nombres.
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¿QUIEN ES LA CONOCIDA FAMILIA DE NARIÑO QUE HARÍA PARTE DE ESTA ORGANIAZACIÓN DELICTIVA?
En las últimas horas empezó a circular con insistencia, la versión en el sentido que tras este gran escándalo en Comfamiliar, esta una reconocida familia del departamento de Nariño. Inclusive se afirma que su líder trató de escapar del paìs a través de la frontera con Ecuador, pero ahora al parecer está analizando la posibilidad de entregarse para acogerse a un principio de oportunidad y colaborar con las autoridades en la entrega de información.
4
¿CUÁNDO SE INICIÓ EL DESFALCO DE LOS DINEROS DE COMFAMILIAR DE NARIÑO?
Según la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos que hoy son materia de investigación, se habría iniciado en el mes de octubre del año pasado y se prolongaron hasta el pasado mes de mayo del presente año. Inicialmente se investigaron 8 contratos por cerca de $9.804 millones, los cuales de acuerdo con las pesquisas fueron direccionados mediante licitaciones simuladas cuyos ganadores ya habían sido escogidos y, sobrecostos.
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¿CUÁNTAS EMPRESAS FACHADAS SE UTILIZARON PARA LLEVAR A CABO ESTE ROBO?
Al respecto, la Fiscalía General de la Nación, afirma que en las actividades ilícitas aparente complicidad entre Bogotá y Pasto, se utilizaron más de 50 empresas fachadas, mediante las cuales se justificaron los procesos de faltas licitaciones y de competencia, lo cual tenía como objetivo principal crear la apariencia de licitaciones reales, cuando en realidad toda no era más que una simulación, puesto que ya se tenía escogidos a los ganadores.
6
¿QUÉ DELITOS SE LES IMPUTAN EN ESTOS MOMENTOS A LOS 9 IMPLICADOS EN ESTE ENTRAMADO DE CORRUPCIÓN DE CONFAMILIA NARIÑO?
Por el momento la Fiscalía General de la Nación, les imputó de acuerdo con la responsabilidad individual atribuida en el proceso, delitos como peculado por apropiación, otorgación de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contractos y concierto para delinquir agravado, por lo cual se considera que la situación judicial de los nueve implicados es bastante complicada por el momento.
7
¿CUÁNTO DINERO LE HAN DEVUELTO A LAS AUTORIDADES LOS IMPLICADOS?
Hasta el momento la Fiscalía General de la Nación dice de manera oficial que los implicados en este caso de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, le han devuelto a las autoridades $1.552 millones. De esta suma 800 millones de pesos corresponden a la subadministradora financiera Olga Vázquez y 600 millones de pesos, corresponden a Edgar Alonso Insandará. Ahora se espera que otros implicados lleguen a acuerdos para devolver.
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¿HABRÁ NUEVAS CAPTURAS EN EL TRANSCURSO DE LOS PRÓXIMOS DÍAS?
Para la Fiscalía General de la Nación es indudable la participación de más personas en este delito de apropiación de los recursos de Comfamiliar de Nariño. En ese sentido, lo que señalan las autoridades es que la investigación inicial ya demostró que el expediente tenía una dimensión mayor a la de una simple irregularidad administrativa. La Fiscalía habló de una estructura dedicada presuntamente a direccionar contratos y apropiarse de recursos.
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¿QUIÉNES MANEJABAN RELMENTE LA CONTRATACCIÓN EN LA CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR DE NARIÑO?
Se trata sin ninguna duda de la pregunta del millón de dólares, puesto que si se confirma la existencia de múltiples empresas utilizadas para participar en los procesos, la Fiscalía tendrá que determinar quiénes eran sus verdaderos beneficiarios, quiénes las administraban y si existía alguna relación entre sus representantes legales. También deberá establecerse si las empresas tenían actividad económica real, empleados, infraestructura y capacidad financiera. Pero todo apunta a que eran empresas de papel.
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¿QUIÉN ES EL EXDIRECTOR DE LA CAJA QUE HA SIDO CAPTURADO POR LAS AUTORIDADES?
Se trata de Diego Raúl Blanco Pérez, quien n estuvo al frente de la entidad entre mayo de 2025 y julio de 2026, fue capturado en Montería en el marco de la ampliación de la investigación. Blanco Pérez aceptó los cargos imputados. Es de anotar que luego de la separación del exdirector Blanco Pérez de su cargo, la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante la Resolución 0544, se designó a Juan Carlos Villota Toro como nuevo director administrativo para manejar la intervención vigente en la caja.
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¿QUÉ VIENE AHORA EN DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES?
Lo que comenzó con la captura de una funcionaria y otros involucrados se ha convertido en uno de los mayores escándalos recientes alrededor de una institución fundamental para los trabajadores del departamento. La investigación apenas comienza a mostrar sus verdaderas dimensiones. Si las nuevas versiones terminan siendo corroboradas, podrían venir más capturas, nuevos interrogatorios, análisis financieros, revisión de contratos, investigaciones sobre empresas y eventuales procesos contra personas que hasta ahora permanecen fuera del foco público.