El Centro Democrático abrió un nuevo frente político en el Congreso con tres iniciativas que buscan modificar aspectos centrales del sistema pensional, endurecer las sanciones contra quienes oculten su identidad para cometer actos vandálicos durante protestas y reducir el uso de recursos públicos en consultas partidistas.
Las propuestas fueron definidas después de una reunión de la bancada en la que participó el expresidente Álvaro Uribe. El partido sostiene que la reforma pensional aprobada durante el Gobierno de Gustavo Petro puede generar efectos negativos para los trabajadores y para las finanzas públicas, por lo que prepara una iniciativa para modificar varios de sus componentes.
La propuesta para cambiar la reforma pensional
Uno de los principales objetivos del Centro Democrático es modificar el esquema de cotización establecido por la reforma pensional.
La colectividad propone reducir de 2,3 salarios mínimos a un salario mínimo el umbral de cotización obligatoria en Colpensiones. Con este cambio, una mayor proporción de los aportes de los trabajadores podría permanecer en los fondos privados.
Otra de las propuestas consiste en permitir que los trabajadores puedan escoger entre Colpensiones y los fondos privados, en lugar de quedar sujetos al esquema definido por la reforma vigente.
El partido también plantea que las personas que lleguen a la edad de jubilación sin cumplir las semanas necesarias para obtener una pensión puedan recuperar los recursos que hayan acumulado, una medida que sus promotores consideran un incentivo para el ahorro individual.
La iniciativa todavía se encuentra en construcción y deberá convertirse en un proyecto formal antes de comenzar su trámite legislativo.
Críticas al papel de Colpensiones
La bancada también cuestiona el papel que la reforma le asignó a Colpensiones en la administración de los recursos pensionales.
El senador Andrés Forero afirmó que el partido pretende modificar lo que considera un exceso de concentración en la administración de los flujos de pensiones. Según su planteamiento, el objetivo es evitar que Colpensiones tenga un monopolio sobre esos recursos.
El debate se produce después de que la Corte Constitucional avalara el grueso de la reforma pensional, aunque dejó varios artículos pendientes de ajustes legislativos.
¿Qué plantea la llamada ‘Ley Anticapuchos’?
El segundo proyecto impulsado por integrantes del Centro Democrático busca modificar las normas penales para sancionar el ocultamiento deliberado de la identidad cuando sea utilizado para facilitar actos vandálicos durante manifestaciones públicas.
La iniciativa fue presentada por los representantes Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical. Según el texto radicado, la conducta podría recibir penas de entre 54 y 96 meses de prisión, además de multas de entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los autores aseguran que el proyecto no pretende restringir el derecho constitucional a la protesta pacífica, sino entregar nuevas herramientas a las autoridades para actuar contra quienes utilicen el anonimato para cometer delitos.
Arizabaleta sostuvo que la mayoría de las personas que participan en manifestaciones no ocultan su identidad y diferenció esas expresiones legítimas de los actos violentos cometidos durante algunas protestas.
La discusión sobre las capuchas
La propuesta podría generar un nuevo debate político y jurídico sobre los límites entre el derecho a la protesta y la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el orden público.
El proyecto no plantea penalizar simplemente la participación en una manifestación con el rostro cubierto. La conducta que busca sancionar está relacionada con el uso deliberado de elementos que dificulten la identificación cuando estos sean utilizados para facilitar la comisión de delitos o actos vandálicos.
Sus promotores argumentan que esta diferencia es fundamental para evitar que la iniciativa sea interpretada como una prohibición general de ocultar el rostro durante una protesta.
También quieren eliminar la reposición de votos en consultas
El tercer frente está relacionado con la financiación de las campañas políticas.
El senador Hernán Cadavid presentó un proyecto que busca eliminar la reposición de votos con recursos públicos en las consultas internas e interpartidistas.
La propuesta parte de una crítica al uso del presupuesto estatal para financiar los resultados de mecanismos utilizados por los partidos para escoger candidatos o tomar decisiones internas.
Según Cadavid, las organizaciones políticas podrían continuar realizando consultas, pero el Estado dejaría de asumir el costo asociado a los votos obtenidos en esos procesos.
El planteamiento busca, según sus autores, reducir el gasto público destinado a mecanismos electorales internos y trasladar una mayor responsabilidad financiera a los propios partidos y movimientos políticos.
Tres proyectos con una misma apuesta política
Las tres iniciativas reflejan algunas de las principales banderas del Centro Democrático para el actual periodo legislativo: una posición crítica frente a la reforma pensional del anterior Gobierno, una política de mayor endurecimiento frente al vandalismo y una reducción del gasto público relacionado con las consultas partidistas.
Sin embargo, ninguna de las propuestas implica un cambio inmediato. La contrarreforma pensional todavía debe ser estructurada y radicada formalmente, mientras que los proyectos sobre las protestas y la financiación de consultas tendrán que superar el debate correspondiente en el Congreso.