Una medida provisional del Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordena suspender operaciones aéreas ofensivas cuando exista información verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados. El Gobierno anunció que apelará la decisión, mientras organizaciones humanitarias reclaman una mayor protección de la población civil.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó, como medida provisional, suspender las operaciones aéreas ofensivas cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados.
La decisión fue adoptada por la jueza Viviana Arciniegas Gómez mientras se estudia de fondo una acción de tutela interpuesta por Ower Jimmy Borda Parra, quien actuó como agente oficioso de menores presuntamente reclutados o utilizados en el conflicto armado.
El despacho consideró necesaria una protección reforzada ante el riesgo que estas operaciones pueden representar para los derechos fundamentales a la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes.
La medida, sin embargo, no establece una prohibición general sobre las operaciones militares. El fallo ordena adoptar precauciones especiales y evaluar alternativas menos lesivas cuando existan elementos que permitan establecer razonablemente la presencia de menores de edad en las zonas donde se proyecten ofensivas aéreas.
Gobierno anuncia apelación de la decisión
La medida cautelar generó una rápida reacción del Gobierno nacional. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, rechazó la decisión judicial y anunció que el Ejecutivo buscará revocarla.
El funcionario cuestionó las implicaciones que, a su juicio, podría tener el fallo para las operaciones contra los grupos armados y advirtió que el reclutamiento de menores no puede convertirse en un mecanismo que les otorgue inmunidad territorial.
Lara calificó la decisión como “absurda e inconstitucional” y aseguró que será apelada. También sostuvo que establecer qué tipo de información puede considerarse “razonablemente verificable” podría dificultar, en la práctica, la realización de determinadas operaciones militares.
Aunque reconoció que los menores de edad deben recibir la máxima protección, el ministro insistió en que su reclutamiento por parte de organizaciones armadas no puede generar incentivos que, según el Gobierno, terminen favoreciendo a esas estructuras.
Organizaciones humanitarias piden priorizar la protección de la niñez
Desde organizaciones sociales y humanitarias, la decisión judicial ha sido interpretada como una oportunidad para reforzar la protección de los menores y de la población civil en medio del conflicto armado.
Lina Mejía, dirigente de Vivamos Humanos y de la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo, cuestionó las operaciones militares y pidió que las denuncias sobre posibles afectaciones a civiles sean investigadas y verificadas.
La defensora de derechos humanos advirtió sobre la importancia de no repetir escenarios en los que los testimonios de las comunidades fueran inicialmente desestimados por las autoridades.
Mejía también cuestionó una eventual negativa institucional a reconocer los daños ocasionados durante operaciones militares y alertó sobre el riesgo de privilegiar los resultados operacionales por encima de la protección de la población civil.
Un debate sobre seguridad y derechos de los menores
La decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá abre un nuevo debate nacional sobre los límites de las operaciones militares en zonas donde grupos armados reclutan o utilizan a niños, niñas y adolescentes.
Mientras el Gobierno prepara los recursos jurídicos para controvertir la medida, las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que el Estado debe reforzar las precauciones para evitar que los menores reclutados —considerados víctimas del conflicto— resulten afectados durante acciones militares.
El futuro de la medida dependerá ahora del desarrollo de la acción de tutela y de los recursos que presenten las partes, en un caso que enfrenta dos preocupaciones centrales para el Estado colombiano: la lucha contra los grupos armados y la obligación de garantizar una protección especial a la niñez en medio del conflicto.