Cambio en la política de seguridad.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que firmó el decreto que levanta la suspensión general al porte de armas de fuego en todo el territorio nacional.
El Gobierno fue enfático: no es vía libre para armarse. El porte seguirá condicionado a los requisitos, evaluaciones y permisos que expiden las autoridades competentes.
El mandatario justificó la medida con cifras de incautaciones: entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública decomisó 15.700 armas, de las cuales 14.179 estarían ligadas a delitos.
Del total, según el balance oficial, 980 pertenecerían a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN.
La directriz, dijo el presidente, apunta a enfrentar el poder de fuego de las estructuras criminales y a garantizar el derecho a la legítima defensa de los ciudadanos que cumplan la ley.
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