La investigación de la Fiscalía apunta a un supuesto entramado de direccionamiento de contratos por cerca de $9.800 millones. El caso involucra a funcionarios, exdirectivos y contratistas, mientras la entidad continúa bajo intervención administrativa.
Comfamiliar Nariño se encuentra nuevamente en el centro de la atención de las autoridades por una investigación que busca establecer la existencia de una presunta red dedicada al direccionamiento irregular de contratos dentro de la entidad.
De acuerdo con la información conocida durante las diferentes etapas del proceso, la Fiscalía investiga ocho contratos que, en conjunto, tendrían un valor cercano a los $9.804 millones y que habrían sido tramitados entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
La hipótesis de los investigadores señala que algunos procesos de contratación que formalmente se presentaban como convocatorias competitivas podrían haber sido preparados para beneficiar previamente a determinados contratistas. Entre las conductas que son objeto de investigación aparecen el supuesto diseño de requisitos a la medida, entrega anticipada de información y posibles irregularidades en el manejo de los recursos.
Uno de los aspectos que más llama la atención son los anticipos. Según la información divulgada sobre el expediente, se habrían desembolsado aproximadamente $2.942 millones, equivalentes al 30 % del valor de los contratos investigados.
La Fiscalía también intenta establecer si alrededor de estos negocios se habrían producido cobros de comisiones, sobrecostos o apropiaciones indebidas de recursos.
Funcionarios y contratistas, entre los investigados
La primera fase de la investigación llevó a la judicialización de cuatro personas, entre ellas funcionarios y particulares vinculados con los procesos de contratación.
Posteriormente, el expediente se amplió y alcanzó al entonces director administrativo de Comfamiliar Nariño, Diego Raúl Blanco Pérez, junto con otros contratistas.
Según lo expuesto por la Fiscalía durante las audiencias, algunos de los procesados habrían tenido participación en la estructuración, adjudicación o ejecución de los contratos investigados.
Además, algunos de los involucrados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, mientras que otros continúan enfrentando el proceso judicial y deberán ejercer su derecho de defensa.
La investigación posteriormente sumó nuevas capturas, con lo que el número de personas vinculadas al caso llegó, según reportes conocidos hasta septiembre de 2026, a 11.
Una entidad que lleva años bajo intervención
El nuevo escándalo adquiere especial relevancia porque Comfamiliar Nariño no atraviesa una crisis institucional reciente.
La entidad se encuentra bajo intervención administrativa total de la Superintendencia del Subsidio Familiar desde 2022, después de que el organismo de vigilancia identificara problemas financieros, administrativos y de control interno.
Antes de la intervención, la Caja ya había estado sometida a vigilancia especial. Las autoridades habían advertido sobre dificultades relacionadas con liquidez, pasivos, procesos judiciales y deficiencias en diferentes mecanismos de control.
La Superintendencia ha prorrogado la intervención en diferentes oportunidades, por lo que la entidad continúa bajo vigilancia mientras se adelantan las acciones destinadas a superar las dificultades identificadas.
Un antecedente que no debe confundirse con el nuevo proceso
El actual expediente por presunto direccionamiento contractual se suma a otros episodios que anteriormente habían generado investigaciones alrededor de Comfamiliar Nariño.
Uno de ellos estuvo relacionado con el supuesto uso irregular de recursos destinados al sector salud. En ese caso, la Procuraduría había formulado cargos contra un antiguo directivo por el presunto manejo indebido de recursos de la Unidad de Pago por Capitación.
Sin embargo, ese proceso posteriormente fue archivado por prescripción, por lo que no puede presentarse como una condena o sanción vigente.
¿Qué falta por esclarecer?
El proceso actual todavía tiene varios interrogantes pendientes. Las autoridades deberán determinar cuál fue exactamente la participación de cada uno de los involucrados, si existió coordinación entre funcionarios y contratistas y qué ocurrió con los recursos entregados como anticipos.
También será clave establecer si los ocho contratos fueron efectivamente direccionados y si se produjeron perjuicios económicos para la entidad.
La Fiscalía ha avanzado con capturas, imputaciones y medidas de aseguramiento, pero la responsabilidad penal individual deberá ser determinada por la justicia.
Mientras tanto, el caso pone nuevamente bajo la lupa los mecanismos de contratación y control de una entidad que lleva varios años intervenida y que ahora enfrenta una investigación de grandes dimensiones por un supuesto entramado que habría comprometido contratos por miles de millones de pesos.
