El Gobierno nacional avanza en la puesta en marcha de un plan piloto de aspersión aérea de cultivos de uso ilícito que tendrá como escenario al departamento del Putumayo. La iniciativa hace parte de la nueva estrategia antidrogas de la administración de Abelardo de la Espriella y busca evaluar una alternativa al tradicional uso del glifosato.
De acuerdo con las versiones conocidas en los últimos días, el ensayo contempla la utilización de glufosinato de amonio, un herbicida que será sometido a pruebas para determinar su efectividad en la eliminación de cultivos de coca y evaluar sus posibles efectos sobre el ambiente y las comunidades ubicadas en las zonas de intervención.
La prueba piloto está prevista para realizarse en Putumayo entre el 12 y el 17 de septiembre de 2026, según información divulgada recientemente sobre el plan. El objetivo será obtener evidencia que permita determinar si este mecanismo puede convertirse posteriormente en una herramienta de alcance nacional dentro de la política de erradicación de cultivos ilícitos.
Un cambio frente al glifosato
El anuncio representa un giro importante en la política de lucha contra los cultivos de coca. Durante años, la aspersión aérea estuvo asociada al glifosato, cuyo uso generó una fuerte controversia por sus posibles impactos ambientales y sanitarios.
El Gobierno ha planteado que la nueva estrategia no pretende utilizar glifosato en este plan piloto, sino evaluar alternativas como el glufosinato de amonio. La administración sostiene que busca contar con herramientas que permitan enfrentar la expansión de los cultivos ilícitos sin desconocer las normas ambientales ni las decisiones de la justicia.
Sin embargo, especialistas y organizaciones han advertido que el cambio de sustancia no elimina automáticamente los controles que deben cumplirse para realizar aspersiones desde aeronaves.
La Corte Constitucional tendrá un papel clave
La eventual reactivación de la aspersión aérea está condicionada por los requisitos establecidos por la Corte Constitucional. Entre las exigencias se encuentran la existencia de un plan de manejo ambiental, la realización de consultas previas cuando corresponda, conceptos técnicos relacionados con los posibles efectos sobre la salud y la adopción de planes específicos para cada intervención.
Por esta razón, la realización de un plan piloto no significa que el Gobierno pueda extender inmediatamente la fumigación a todo el territorio nacional. Los resultados del ensayo y el cumplimiento de las exigencias legales serán determinantes para cualquier decisión posterior.
Putumayo, en el centro del debate
La elección de Putumayo no es menor. El departamento hace parte de las regiones del país que durante décadas han enfrentado una fuerte presencia de cultivos de coca y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Precisamente por ello, la posibilidad de realizar allí el ensayo ha generado posiciones encontradas. Mientras el Gobierno considera que la aspersión puede convertirse en una herramienta adicional para reducir los cultivos destinados al narcotráfico, sectores de la región han expresado preocupación por los eventuales efectos de los herbicidas sobre los cultivos legales, las fuentes de agua, los suelos y las comunidades campesinas.
La Asamblea Departamental del Putumayo, por ejemplo, manifestó recientemente su rechazo a la aspersión química y pidió que se fortalezcan alternativas como la sustitución voluntaria, los proyectos productivos y el desarrollo rural.
Una prueba que será seguida de cerca
El ensayo en Putumayo podría convertirse en uno de los principales puntos de inflexión de la política antidrogas colombiana. El Gobierno deberá demostrar no solamente la capacidad del herbicida para afectar los cultivos de coca, sino también que su utilización cumple con los requisitos ambientales, sanitarios y jurídicos establecidos.
El resultado de esta prueba será determinante para establecer si Colombia avanza hacia una nueva etapa de aspersión aérea o si las dificultades técnicas, ambientales, sociales o jurídicas terminan limitando su implementación.
Por ahora, Putumayo se convierte en el territorio donde se pondrá a prueba una de las principales apuestas del Gobierno para enfrentar el crecimiento de los cultivos de coca y recuperar una herramienta de erradicación que llevaba años fuera del centro de la política antidrogas.