La Agencia Nacional de Tierras enfrenta críticas por el gasto de recursos públicos, el bajo cumplimiento de las metas de entrega de tierras y presuntas irregularidades que ya fueron puestas en conocimiento de los organismos de control.
La ejecución de la reforma agraria durante el gobierno de Gustavo Petro quedó nuevamente bajo cuestionamientos luego de que funcionarios de la administración actual señalaran inconsistencias en las cifras, bajos niveles de cumplimiento y posibles irregularidades en la compra y entrega de predios.
La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, cuestionó el balance de la entidad durante la anterior administración y aseguró que se destinaron $7 billones a la compra de tierras y a la contratación de servicios.
De acuerdo con el reporte presentado por Garrido, $5,1 billones correspondieron a la adquisición de predios, mientras que otros $1,6 billones fueron destinados a cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios.
Bajo cumplimiento en la entrega de tierras
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el cumplimiento de las metas de la reforma agraria. Según Garrido, la ANT alcanzó 99.477 hectáreas tituladas, frente a una meta de 1,5 millones de hectáreas, lo que representa un avance del 6,6 %.
En materia de formalización, la funcionaria reportó 1.603.166 hectáreas formalizadas, equivalentes al 41,1 % de la meta establecida.
Garrido anunció además que las posibles irregularidades detectadas serán trasladadas a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, para que sean las autoridades competentes las que determinen si hubo responsabilidades.
La funcionaria planteó reorientar el trabajo de la ANT hacia tres objetivos: facilitar el acceso efectivo a la tierra, fortalecer la seguridad jurídica sobre los predios y promover la productividad rural en los territorios.
Cuestionamientos a la compra de predios
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, respaldó la revisión de la política de tierras y cuestionó las cifras de la administración anterior.
Dangond afirmó que algunas cifras fueron “infladas” y señaló que el actual Gobierno no continuará con el mismo esquema de compra de hectáreas.
Según sus declaraciones, se adquirieron 350.000 hectáreas por $3,9 billones, frente a una promesa de tres millones de hectáreas, mientras permanecerían pendientes recursos por $1,4 billones.
El ministro también advirtió sobre casos en los que, según su versión, se habrían adjudicado predios sin título registrado.
Otro de los problemas señalados fue la falta de proyectos productivos asociados a algunas de las tierras adquiridas. Dangond sostuvo que recibieron predios sin proyectos productivos, acceso suficiente a crédito, tecnología o capacitación, y aseguró que la apuesta del Gobierno será convertir esas tierras en unidades productivas capaces de generar ingresos para las comunidades rurales.
Alertas sobre posibles irregularidades
Las advertencias también llegaron desde la Vicepresidencia. José Manuel Restrepo puso bajo la lupa el desempeño de la Agencia Nacional de Tierras y cuestionó el avance frente a la meta de entregar 1,5 millones de hectáreas.
Restrepo señaló además que durante el gobierno Petro se habrían destinado $2,37 billones a la compra de tierras, aunque manifestó que existen dudas sobre la claridad y consistencia de las cifras.
Entre los casos mencionados está la Hacienda Simba, en Sucre, relacionada con un hallazgo fiscal de $16.382 millones. Según Restrepo, el lote no habría sido transferido a la ANT ni a los beneficiarios correspondientes.
El vicepresidente también informó que el Gobierno puso en conocimiento de la Fiscalía más de 80 denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con la reforma agraria durante la administración anterior.
El reto: pasar de la compra a la productividad
Los cuestionamientos ponen el foco no solo en cuánto dinero se destinó a la reforma agraria, sino también en los resultados obtenidos y en la capacidad del Estado para convertir la adquisición y formalización de predios en oportunidades reales para las comunidades rurales.
La nueva administración de la ANT plantea que el desafío será avanzar de la compra y titulación de tierras hacia un modelo que garantice seguridad jurídica, proyectos productivos y generación de ingresos.
Mientras las denuncias y hallazgos son revisados por los organismos competentes, la discusión sobre la reforma agraria queda marcada por una pregunta central: ¿cuánto de lo invertido se ha traducido efectivamente en acceso a la tierra y productividad para los campesinos?