La deuda, la ofensiva contra las organizaciones criminales y el pulso con la justicia marcan las principales prioridades del Gobierno nacional.

El presidente Abelardo de la Espriella presentó durante su alocución un balance de las principales preocupaciones y líneas de acción de su Gobierno, con énfasis en las finanzas públicas, la seguridad y la relación con las decisiones de los tribunales.

Entre los anuncios se destaca el denominado “Presupuesto de la Verdad” para 2027, una propuesta que contempla recursos cercanos a los $635 billones y que, de acuerdo con el mandatario, parte de una situación fiscal compleja.

Presupuesto de la Verdad: deuda y ajuste fiscal

Durante su intervención, De la Espriella aseguró que cerca de $281 billones del presupuesto de 2027 provendrán de deuda, mientras que el servicio de la deuda llegará a aproximadamente $155 billones.

El presidente atribuyó parte de las dificultades fiscales a compromisos adquiridos por la administración anterior, que, según sostuvo, redujeron el margen de maniobra del actual Gobierno.

Frente a este escenario, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, tendrá a su cargo la ejecución de la estrategia fiscal, que busca contener el gasto y avanzar hacia una mayor sostenibilidad de las finanzas públicas.

Seguridad: mayor presión contra las estructuras criminales

La seguridad fue otro de los ejes centrales de la alocución presidencial. El Gobierno ratificó su decisión de mantener una confrontación directa contra organizaciones criminales, narcotraficantes, extorsionistas y estructuras dedicadas al reclutamiento de menores.

De la Espriella destacó los resultados que, según su balance, se han obtenido durante el primer mes de Gobierno y aseguró que no habrá negociaciones con organizaciones armadas que desafíen al Estado.

La estrategia contempla reforzar la presión militar y policial y mantener una ofensiva sostenida contra los grupos ilegales.

La ejecución de esta política estará bajo la coordinación del ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora, quien deberá presentar los resultados de las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública.

Gobierno anuncia defensa de sus competencias ante los tribunales

El tercer frente planteado por el mandatario está relacionado con la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.

De la Espriella afirmó que su Gobierno respetará las decisiones judiciales, pero también recurrirá a los mecanismos legales disponibles para controvertir aquellos fallos que, desde su perspectiva, interfieran con las competencias constitucionales del Ejecutivo.

En su intervención hizo referencia a decisiones relacionadas con operaciones militares, bombardeos y aspersión de cultivos ilícitos.

El mandatario sostuvo que el control judicial debe diferenciarse de una eventual sustitución de las funciones que corresponden al Gobierno. En este escenario, el ministro de Justicia, Iván Cancino, tendrá la tarea de acompañar jurídicamente la posición del Ejecutivo y defender sus actuaciones ante los tribunales.

Así, el Gobierno nacional plantea para los próximos meses una agenda marcada por tres asuntos: la búsqueda de sostenibilidad para las finanzas públicas, el endurecimiento de la estrategia de seguridad y la defensa de las competencias del Ejecutivo frente a las decisiones judiciales.