Una propuesta plantea trasladar $100.000 millones de la Jurisdicción Especial para la Paz a la Rama Judicial en 2027, una iniciativa que ya genera posiciones encontradas en el ámbito político y judicial.
Una nueva controversia se abrió en Colombia alrededor del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La discusión se centra en una propuesta para trasladar $100.000 millones que actualmente están contemplados para esta jurisdicción hacia la Rama Judicial dentro del Presupuesto General de la Nación para 2027.
La propuesta fue planteada por el senador Enrique Gómez Martínez, quien argumenta que estos recursos podrían utilizarse para fortalecer la justicia ordinaria, aumentar el número de jueces y crear nuevos despachos judiciales.
El presidente Abelardo de la Espriella manifestó su respaldo a la iniciativa, lo que llevó la discusión a un nuevo escenario político.
¿Por qué se propone trasladar el dinero?
Los promotores de la propuesta sostienen que la Rama Judicial necesita mayores recursos para atender el número de procesos que permanecen pendientes.
La idea consiste en utilizar los $100.000 millones para fortalecer la capacidad de la justicia ordinaria mediante la creación de nuevos cargos y despachos judiciales.
Quienes respaldan la iniciativa consideran que estos recursos podrían contribuir a reducir los tiempos de atención de los procesos y mejorar la capacidad de respuesta de los tribunales.
La JEP cuestiona el posible recorte
Desde la Jurisdicción Especial para la Paz se han expresado reparos frente a la posibilidad de perder estos recursos.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, señaló que un recorte de $100.000 millones tendría consecuencias sobre el funcionamiento de la institución.
Según su posición, la reducción podría afectar diferentes áreas necesarias para mantener las actividades de la jurisdicción, incluyendo su operación territorial y otros gastos relacionados con su funcionamiento.
La JEP también ha señalado que entiende las dificultades presupuestales que enfrenta la Rama Judicial, pero considera que trasladar recursos de la justicia transicional no necesariamente resuelve las necesidades de la justicia ordinaria.
¿Qué papel cumple la JEP?
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y tiene como objetivo investigar, juzgar y sancionar los principales hechos relacionados con el conflicto armado colombiano.
La jurisdicción adelanta investigaciones sobre diferentes hechos ocurridos durante el conflicto, entre ellos secuestros, homicidios, reclutamiento de menores y otros crímenes graves.
Además, tiene la responsabilidad de garantizar la participación de las víctimas dentro de los procesos judiciales.
Por esta razón, la discusión sobre su presupuesto también está relacionada con la continuidad de las investigaciones y la atención a las víctimas que participan en los diferentes casos.
El debate llega al presupuesto de 2027
El posible traslado de los recursos forma parte de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.
Esto significa que, por ahora, los $100.000 millones no han sido trasladados de manera definitiva. La propuesta debe continuar su trámite dentro del proceso de discusión y aprobación del presupuesto.
Durante ese proceso podrán presentarse modificaciones y diferentes posiciones de los congresistas.
Dos posiciones frente al mismo presupuesto
El debate plantea dos necesidades que actualmente están en discusión.
Por un lado, quienes respaldan el traslado consideran que la Rama Judicial necesita mayores recursos para aumentar su capacidad y atender los procesos pendientes.
Por otro lado, desde la JEP se advierte que reducir su presupuesto podría afectar el cumplimiento de las funciones asignadas a la jurisdicción dentro del sistema de justicia transicional.
La discusión, por tanto, no se limita únicamente a una cifra de $100.000 millones, sino que también plantea cómo deben distribuirse los recursos públicos entre las diferentes instituciones encargadas de administrar justicia.
¿Qué sigue ahora?
La discusión continuará en el Congreso durante el trámite del presupuesto para 2027.
Los congresistas deberán analizar la propuesta, escuchar las diferentes posiciones y definir si los recursos permanecen en el presupuesto de la JEP o son trasladados a la Rama Judicial.
Mientras tanto, la controversia mantiene la atención sobre el futuro financiero de la JEP y sobre las necesidades presupuestales de la justicia ordinaria.
La decisión final dependerá del trámite legislativo del presupuesto y de las modificaciones que puedan realizarse antes de su aprobación definitiva.