Después de tres décadas sin aplicarse, el Gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó a implementar una herramienta legal clave para avanzar en la Reforma Agraria: la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquiera predios rurales que actualmente están en manos de entidades financieras y propietarios privados, con el fin de destinarlos a familias campesinas y comunidades étnicas sin tierra o con tierra insuficiente. Esta medida se activa gracias al Decreto 033 de 2025, que desarrolla y pone en marcha lo contemplado en la Ley 160 de 1994, una norma agraria que llevaba 30 años sin ser usada de manera efectiva.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, explicó que, con este decreto, las entidades financieras están obligadas a informar sobre los predios rurales que hayan recibido como dación en pago de créditos hipotecarios, como resultado de procesos judiciales o por cualquier otro mecanismo que derive en la transferencia de propiedad. Una vez informada, la Agencia podrá ejercer la primera opción de compra, evitando que esas tierras queden inactivas o se desvinculen del uso productivo rural. La meta es que estas tierras pasen a manos de quienes realmente las necesitan para trabajar y vivir.
Además, la normativa abre un canal para que propietarios privados también puedan ofrecer de manera voluntaria sus predios a la ANT, especialmente en zonas priorizadas por la Reforma Agraria. En este caso, la Agencia contará con un plazo de 15 días para decidir si está interesada en la compra y, de ser así, iniciará estudios técnicos, territoriales y jurídicos para evaluar la viabilidad del predio. Solo después de este análisis se formulará una oferta formal.
La ANT enfatizó que todo el proceso será voluntario, tanto para entidades financieras como para propietarios particulares, y que la adquisición de tierras estará acompañada de análisis rigurosos para garantizar que los predios sean aptos para la reubicación y adjudicación a beneficiarios rurales. Una vez adquiridas, estas tierras serán destinadas a campesinos sin tierra, comunidades étnicas o familias que requieren ampliación de sus parcelas, en coherencia con los principios de justicia social y redistribución planteados por la Reforma Agraria.
Esta implementación se articula con la meta del Gobierno del Cambio de avanzar hacia un millón de hectáreas de tierra redistribuidas durante el cuatrienio, una de las apuestas más ambiciosas en materia de equidad rural en la historia reciente de Colombia. El decreto, que revive una ley prácticamente congelada durante décadas, marca un paso decisivo hacia un acceso más equitativo y democrático a la tierra, y se proyecta como una pieza central de la política agraria del actual gobierno.