La excongresista Aída Merlano fue condenada este 5 de diciembre de 2025 a 42 meses y un día de prisión por su recordada fuga de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, ocurrida en octubre de 2019. La decisión fue proferida por la Juez 18 Penal del Circuito de Bogotá, quien avaló un preacuerdo firmado entre la defensa de Merlano y la Fiscalía.
Una fuga que marcó un antes y un después
El 1 de octubre de 2019, mientras cumplía una condena por delitos electorales, Merlano fue autorizada a asistir a una cita odontológica. Durante la visita aprovechó un descuido de los custodios: descendió por una ventana desde el tercer piso utilizando una cuerda y huyó en una motocicleta que la esperaba en la calle. El episodio, ampliamente difundido por videos de seguridad, se convirtió en uno de los escándalos judiciales y mediáticos más llamativos de la década.
La nueva condena
En el marco del preacuerdo, Merlano aceptó su responsabilidad por el delito de fuga de presos. La jueza, sin embargo, negó la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena, señalando la gravedad de los hechos y el impacto institucional del escape. Además, la sentencia incluye una inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo igual al de la condena.
Declaraciones de Merlano
Durante el proceso, Merlano afirmó no estar arrepentida de haberse fugado, aunque sí expresó remordimiento por los actos que la llevaron inicialmente a prisión. Sostuvo que tomó la decisión “por razones que solo ella conoce”, insistiendo en que su escape respondió a una situación personal que no detalló.
Otros implicados
El caso también involucró a personas cercanas a la excongresista. Su hija, Aída Victoria Merlano, fue condenada previamente por colaborar en la fuga a través de suministros, comunicaciones y apoyo logístico. Ese proceso aún se encuentra en revisión en instancias superiores.
Un fallo simbólico y de alto impacto
Aunque Merlano ya cumplía otras condenas, esta decisión cierra formalmente el capítulo judicial sobre la fuga de 2019. El fallo marca un precedente en materia de responsabilidad penal por evasión y reaviva el debate sobre los protocolos de seguridad en los traslados de reclusos.