El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito emitió una contundente orden de arresto contra el coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón, director de Sanidad del Ejército Nacional, por haber desacatado una sentencia de tutela que lo obligaba a garantizar atención médica especializada a un exsoldado con trastornos mentales.
La decisión judicial también impone al alto oficial una multa equivalente a un salario mínimo legal vigente y fue enviada a la Policía Metropolitana de Bogotá, que deberá hacer efectiva la detención. La medida fue tomada luego de que Sandoval ignorara por completo un fallo del 21 de marzo de 2025, que protegía el derecho a la salud de Sebastián Chamorro Anacona, exintegrante del Batallón de Infantería No. 27 Alto Magdalena.
Abandono institucional
La acción de tutela fue interpuesta por la madre del joven, Milena Anacona Genoy, quien denunció que su hijo desarrolló una patología mental durante su servicio militar, presuntamente por haber sido inducido al consumo de sustancias dentro de la unidad. En lugar de recibir tratamiento, el joven fue dado de baja sin diagnóstico ni acompañamiento.
Desesperada, Milena acudió por la vía legal solicitando una valoración médica neurológica y neuropsicológica, además de un proceso de rehabilitación. El juez falló a su favor, pero la Dirección de Sanidad del Ejército guardó silencio, prolongando la angustia de una madre que solo busca salvar a su hijo.
Desacato confirmado
Tras más de un mes sin respuesta, se interpuso una acción de desacato. El juez consideró que había evidencia suficiente del incumplimiento y procedió con la sanción. El arresto por un día al coronel Sandoval Pinzón marca un precedente poco común dentro del ámbito militar, pero completamente legal cuando se trata de proteger derechos fundamentales.
Este caso revela cómo la justicia civil puede actuar incluso frente a las más altas jerarquías militares, especialmente cuando lo que está en juego es la vida y la dignidad de un ciudadano.
Ejército deberá cumplir
La sentencia no termina con el arresto. El juez también ordenó requerir a la subteniente Catalina Victoria Restrepo Álvarez, directora del Establecimiento de Sanidad Militar del Batallón No. 27, para que cumpla con la tutela emitida el 21 de marzo. Debe garantizar el tratamiento médico y la rehabilitación del exsoldado.
Milena Anacona no ha buscado venganza, sino justicia. Su persistencia llevó a un tribunal a actuar donde el Ejército falló. Este caso pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de salud mental en las Fuerzas Militares y, sobre todo, de respetar las decisiones judiciales.
El uniforme puede imponer respeto, pero la ley impone obligaciones. Y cuando se trata de derechos humanos, nadie está por encima del Estado de Derecho.