Imagen tomada de El País.
El pasado 17 de julio, la Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra el alcalde de Villa de Leyva (Boyacá) Víctor Alfonso Gamboa Chaparro y Juan Camilo Sánchez Torres, por los delitos de concusión y prevaricato por acción, ambos son investigados por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la facilitación ilegal de trámites urbanísticos en ese municipio.
Hallazgos
Los resultados de la investigación adelantada por el ente acusador, compartidos en un comunicado, dicen que “El 8 de junio de 2025, presuntamente, el alcalde exigió a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Sánchez Torres para que prestara asesoría en la gestión de permisos y otros requerimientos administrativos. Posteriormente, al parecer, solicitó aumentar los honorarios pactados para el contratista, quien recibió pagos cercanos a 48 millones de pesos durante los 11 meses que prestó sus servicios”.
También se menciona que el 4 de marzo del año en curso, Gamboa Chaparro habría solicitado al empresario, a través de mensajes de voz, la suma de 112 millones de pesos, que equivalen al 20 por ciento del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción.
Aunque después retiro esa exigencia, dos días después, el alcalde Víctor Gamboa expidió una resolución que habría tenido doble propósito: el primero, una retaliación ante la negativa del empresario de acceder a sus pretensiones monetarias y el segundo, por un presunto conflicto de intereses.
Consecuencias
Las consecuencias de esa decisión son que la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó el pedido de ampliar esta licencia de construcción; además, el Inspector Segundo de Convivencia y Paz de este pueblo boyacense les impuso a los representantes de este proyecto una multa de 232 millones de pesos.