La Contraloría General de la República (CGR) hizo públicas preocupantes revelaciones sobre la ejecución de recursos de contrataciones en Casanare. A través de un trino, la CGR señaló que se están ejecutando más de $571.000 millones en obras inconclusas y proyectos críticos. Esta situación representa un potencial riesgo de detrimento patrimonial para la región.
«Casanare enfrenta la amenaza de obras inconclusas que podrían generar un detrimento patrimonial significativo», advierte la CGR.
La CGR también destacó su compromiso con la vigilancia y seguimiento de millonarias contrataciones financiadas con recursos de regalías en la región. La magnitud de estas contrataciones en Casanare alcanza más de 200 mil millones de pesos anuales. Ante esto, se generó la inquietud sobre la transparencia y eficiencia en la utilización de estos fondos destinados al desarrollo local.
Según la publicación de la Contraloría, la inversión de más de $571.000 millones en obras que no fueron concluidas adecuadamente, representa un riesgo considerable para la estabilidad económica y financiera de Casanare. La entidad fiscalizadora hizo énfasis en la importancia de abordar estas irregularidades de manera inmediata para evitar mayores consecuencias negativas para la comunidad.
La Contraloría pide abordar las obras incoclusas de las contrataciones en Casanare
Conforme a lo establecido por la CGR, se instó a las autoridades locales a tomar medidas correctivas. De esta forma, se pretende garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos destinados a proyectos de desarrollo en el departamento.
Asimismo, enfatizó en la importancia de la transparencia en las contrataciones con recursos de regalías. Con esto se puede asegurar que se utilicen de manera efectiva en beneficio de la comunidad casanareña.
Es así que la Contraloría General de la República puso al descubierto la situación preocupante en Casanare. Además, instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para corregir las irregularidades detectadas en la ejecución de obras y contrataciones.
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El llamado a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos se presenta como una prioridad para asegurar el desarrollo sostenible y el bienestar de la población local.