Esta problemática debe ser el eje central de la política pública de protección a la niñez.
El drama silencioso de la niñez en Bogotá sigue creciendo. Más de 760 menores han desaparecido en lo corrido de 2024 y un patrón que preocupa: la mayoría son adolescentes, mujeres y provienen de localidades golpeadas por la violencia intrafamiliar. Así lo expusieron los concejales Fabián Puentes y Samir Bedoya, del Partido Político MIRA, durante el foro ¿Qué está pasando con los menores desaparecidos en Bogotá?, convocado por la concejala María Clara Name.
Una cifra que no se puede normalizar
Samir Bedoya fue enfático: “no estamos hablando de cifras, estamos hablando de vidas que se pierden, de familias que se rompen, de niños que no vuelven a ser los mismos”. Señaló que la violencia intrafamiliar no solo destruye entornos seguros, sino que es un factor que empuja a muchos menores fuera de sus casas. Desde ahí, muchos caen en redes de trata, explotación o terminan siendo contactados en internet por criminales que se aprovechan de su vulnerabilidad.
Denunció además que cerca del 70% de los desaparecidos son mujeres y el 90% son adolescentes, una situación que exige respuestas urgentes por parte del Distrito. “Cuando un niño desaparece, no hay forma de repararlo por completo. La prevención tiene que ser la prioridad del Estado”, dijo.
La tecnología debe proteger, no llegar tarde
Fabián Puentes, quien intervino como vocero del Partido MIRA, recordó que esa colectividad fue promotora del proyecto que dio origen a la Ley Sara Sofía, una herramienta que permite reportar desapariciones de menores en tiempo real a través de plataformas digitales. No obstante, criticó la débil implementación de esta ley en Bogotá y la falta de acción por parte de operadores móviles que, según la norma, deberían enviar alertas inmediatas.
“El problema no es solo que los menores desaparezcan, es que cuando lo hacen, la respuesta del Estado llega tarde. La ley está, pero no se está usando como debe ser. Bogotá debería ser ejemplo, y ETB, como operador público, tiene la responsabilidad de demostrar que estas alertas pueden activarse, funcionar y salvar vidas”, indicó.
Puentes también llamó la atención sobre los entornos digitales como nuevos escenarios de riesgo: redes sociales, chats y plataformas son hoy canales por los que muchos menores son contactados con fines delictivos. Mencionó el caso reciente de una menor que desapareció tras encontrarse con una persona conocida por internet y aseguró que el Estado no puede seguir mirando para otro lado. “Los niños no dimensionan el peligro, los padres no siempre tienen las herramientas. Esto no es solo una tarea de familia, es una responsabilidad institucional”, recalcó.
Ambos concejales propusieron que se vincule a la Consejería Distrital de TIC en la construcción de una estrategia preventiva digital, y exigieron a la administración distrital retirar toda forma de publicidad sexual cercana a los entornos escolares. También propusieron crear un sistema de información interinstitucional que facilite decisiones más efectivas y oportunas.
“Cuando un menor es abusado o desaparece, su vida nunca vuelve a ser la misma”, dijo Bedoya. “No podemos seguir hablando de esto como si fueran simples estadísticas. Bogotá necesita una política pública firme, basada en la prevención, que articule a todos los sectores. Porque proteger a los niños es una obligación que no puede esperar”.
Entre el 2023 a febrero de 2025 se han reportados más de 528 reportes de casos de niños y niñas desaparecidos en la ciudad