La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió la Alerta Temprana Estructural 018 de 2026 para el municipio de Popayán, Cauca, ante el grave escenario de riesgo que enfrenta la población tanto en la zona urbana como rural por el accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
La advertencia, emitida oficialmente el 18 de agosto y divulgada por la entidad el 23 de agosto, abarca a los habitantes de las nueve comunas y los 23 corregimientos de Popayán. El objetivo es que las autoridades adopten medidas oportunas para prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Dos escenarios de riesgo: la zona rural y la ciudad
La Defensoría identificó dos dinámicas principales que explican la situación de seguridad en la capital caucana.
La primera se presenta en la zona rural, donde existe un mayor accionar y actividad de estructuras del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA), perteneciente al autodenominado Estado Mayor Central (EMC), así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según la entidad, estos actores tienen interés en controlar corredores estratégicos que conectan al departamento del Cauca con Huila, Nariño y Valle del Cauca, rutas que resultan relevantes para la movilidad, la presencia territorial y las economías ilegales. Esta disputa incrementa la exposición de las comunidades rurales a hechos de violencia y otras vulneraciones.
El segundo escenario se concentra en la zona urbana de Popayán. Allí, la Defensoría advierte una compleja coexistencia entre grupos armados ilegales, organizaciones criminales y estructuras locales. Entre los actores mencionados se encuentra la banda conocida como Los Comapán, además de emisarios transnacionales que, de acuerdo con la alerta, utilizan la ciudad como espacio estratégico para actividades como el refugio, la financiación y el lavado de activos relacionados con el narcotráfico y la minería ilegal.
Homicidios, masacres, extorsiones y secuestros
La alerta no se limita a una advertencia sobre una posible escalada futura. La Defensoría señala que ya ha documentado hechos que reflejan las consecuencias de estas dinámicas de violencia.
Entre ellos están homicidios selectivos, casos de sicariato y masacres. La entidad recordó, por ejemplo, la masacre ocurrida en abril de 2026 en el corregimiento de La Meseta, donde seis personas fueron asesinadas. También hizo referencia a la incineración de tres personas dentro de un vehículo durante marzo.
Para la Defensoría, este tipo de acciones puede ser utilizado por las estructuras armadas como una demostración de control territorial y de capacidad para ejercer violencia.
A esto se suman las denuncias sobre extorsiones y secuestros, fenómenos que han generado preocupación entre diferentes sectores de la población. La entidad incluso advierte que esta situación ha provocado un “confinamiento organizativo” de líderes y lideresas sociales, quienes, por razones de seguridad, han tenido que limitar sus actividades y concentrarlas principalmente en el casco urbano.
Panfletos, amenazas y formas de control sobre la población
Otro de los elementos que preocupa a la Defensoría es la existencia de formas de lo que denomina gobernanza armada, es decir, mecanismos mediante los cuales grupos ilegales buscan ejercer influencia y control sobre determinados territorios y comunidades.
La entidad ha registrado la distribución de panfletos amenazantes, presencia de propaganda armada y pancartas en sectores como Cajete y Las Chozas, en la vía hacia El Tambo, así como en barrios como Lomas de Granada, La Pamba y Valladolid.
Estas acciones, sumadas a los hechos violentos, aumentan la presión sobre las comunidades y pueden afectar la libertad de movimiento, la participación social y el ejercicio del liderazgo comunitario.
La preocupación por ataques contra infraestructura y el uso de drones explosivos
La Defensoría también documentó hechos que podrían constituir graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre ellos ataques contra infraestructura relacionada con los servicios públicos.
Uno de los casos mencionados es la incineración de vehículos recolectores de residuos sólidos en la vía al corregimiento de La Yunga, un hecho que no solo representa una afectación a la infraestructura, sino que también puede impactar directamente la prestación de servicios a las comunidades.
La alerta también llama la atención sobre una amenaza que ha ganado relevancia en diferentes zonas del conflicto colombiano: el uso de drones con explosivos.
Según la información recopilada por la Defensoría, esta modalidad ha sido dirigida contra instalaciones militares ubicadas incluso en zonas urbanas de Popayán, lo que representa un riesgo para la población civil debido al carácter potencialmente indiscriminado de estos ataques.
La entidad advierte que esta situación exige una respuesta institucional capaz de prevenir afectaciones a personas que no participan directamente en las hostilidades.
Niños, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas, entre las poblaciones más expuestas
Uno de los puntos centrales de la alerta es la identificación de grupos poblacionales que enfrentan riesgos diferenciados.
La Defensoría advierte que las niñas, niños y adolescentes están expuestos al reclutamiento y a la utilización por parte de estructuras armadas. Además, señala que las plataformas digitales y los servicios de mensajería, entre ellos TikTok y WhatsApp, pueden ser utilizados como medios para acercarse a menores de edad y desarrollar estrategias de vinculación.
Las mujeres, especialmente aquellas que desarrollan actividades sexuales, también enfrentan riesgos de violencias basadas en género y mecanismos de control degradantes, según lo documentado por la entidad.
La alerta incluye además a comunidades y pueblos indígenas presentes en el territorio, entre ellos los pueblos Kokonuko, Nasa, Misak y Yanakona, que enfrentan restricciones que pueden afectar sus prácticas tradicionales y la movilidad dentro de sus territorios y resguardos.
Las 27 recomendaciones de la Defensoría
Ante la magnitud del escenario identificado, la Defensoría del Pueblo formuló 27 recomendaciones dirigidas a diferentes autoridades nacionales y territoriales.
Entre las entidades llamadas a intervenir se encuentran el Ministerio del Interior, encargado de coordinar mecanismos de respuesta rápida; el Ministerio de Defensa, al que se le plantean medidas de disuasión y respuesta frente a amenazas como el uso de drones; y la Fiscalía General de la Nación, especialmente en relación con la investigación y persecución de estructuras vinculadas al lavado de activos.
Las recomendaciones también involucran al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Educación de Popayán, la Alcaldía municipal y la Gobernación del Cauca, entre otras instituciones.
Uno de los objetivos es fortalecer los entornos de protección para niños, niñas y adolescentes y reducir los riesgos de reclutamiento y utilización por parte de grupos armados.
Una respuesta que, según la Defensoría, debe ir más allá de lo militar
La entidad insiste en que la respuesta estatal debe desarrollarse bajo una perspectiva de seguridad humana. Esto implica que, además de las acciones de seguridad y protección, se deben atender las condiciones de vulnerabilidad que permiten que las comunidades queden expuestas al control o la influencia de grupos armados y organizaciones criminales.
En ese sentido, la Defensoría plantea la necesidad de combinar acciones de disuasión y mitigación de las amenazas con políticas de prevención de violaciones a los derechos humanos, protección diferencial de las poblaciones más vulnerables y fortalecimiento de las capacidades institucionales.
La alerta busca, por tanto, que las autoridades actúen antes de que los riesgos identificados se traduzcan en nuevas afectaciones contra la población civil.
Una alerta preventiva, no una predicción
La Defensoría del Pueblo aclaró que sus Alertas Tempranas tienen un carácter preventivo y no predictivo. Es decir, su función no es afirmar que un hecho específico ocurrirá en una fecha determinada, sino advertir sobre condiciones y factores de riesgo que podrían derivar en violaciones a los derechos humanos si no se adoptan medidas oportunas.
En el caso de Popayán, la Alerta Temprana 018 de 2026 deja en evidencia que la problemática de seguridad no se limita a las zonas rurales históricamente afectadas por el conflicto. La Defensoría advierte que las dinámicas de grupos armados, estructuras criminales y economías ilegales también tienen expresiones dentro de la capital del Cauca.
La situación, que afecta a las nueve comunas y 23 corregimientos del municipio, plantea un desafío para las autoridades locales y nacionales: responder de manera coordinada para proteger a la población, prevenir nuevos hechos de violencia y evitar que las estructuras ilegales fortalezcan su capacidad de control territorial.