Por: Carlos Eduardo Lagos
La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, al pronunciar el fallo en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez el 28 de julio de 2025, emitió una declaración que resuena como un referente para la justicia colombiana. Invocando a Temis, diosa de la justicia, defendió la imparcialidad judicial, afirmando que la ley no se doblega ante presiones políticas o mediáticas. Este fallo, que aborda los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno, marca un momento clave al reafirmar la igualdad ante la ley, liderado con valentía por mujeres frente a cuestionamientos de género. Este pronunciamiento introduce un análisis que no solo juzga hechos, sino que podría definir un precedente para Colombia.
El fallo del Juzgado 44 Penal de Bogotá condena a Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal, absolviéndolo de soborno simple, tras un proceso originado en 2012 por una denuncia contra el senador Iván Cepeda, que derivó en una investigación contra Uribe por manipulación de testigos. La jueza, basándose en la sana crítica, respaldó su decisión con interceptaciones telefónicas legales de 2018, grabaciones de testigos y la relación jerárquica entre Uribe y su abogado Diego Cadena, quien gestionó unas retractaciones de testigos bajo órdenes del expresidente. La defensa alegó irregularidades, pero no se hallaron vicios procesales que invaliden el fallo.
Jurídicamente, el proceso ha sido riguroso, respetando el debido proceso. La audiencia del 1 de agosto de 2025 definirá la pena, que podría ser de 6 a 12 años, posiblemente con detención domiciliaria por la edad de Uribe (73 años). La apelación y la posible prescripción, debatida hasta octubre de 2025, son pasos que aún están pendientes.
Políticamente, el fallo intensifica la polarización hacia las elecciones de 2026. El uribismo lo ve como una persecución, galvanizando, así sus bases; mientras que los progresistas lo celebran como un avance contra la impunidad, a la vez que los políticos moderados refuerzan el orden institucional. Críticas de figuras como Vicky Dávila Juan Lozano y Marcos Rubio cuestionan a la justicia colombiana, pero el respaldo del presidente Petro a la jueza Heredia refuerza su legitimidad, aunque aviva aún más las tensiones. Este caso pone a prueba la justicia colombiana, mostrando que nadie está por encima de la ley, pero exige mesura para evitar mayor división social. La dosificación de la pena y la apelación definirán su impacto histórico.