Este sábado se dio a conocer una serie de irregularidades dentro de la Aerocivil luego de varias denuncias de corrupción, las cuales, según anunció el ministro de Transporte Guillermo Reyes, le costaron el puesto a por lo menos 100 funcionarios pertenecientes a la entidad.
Es tanto así el escándalo que en su más reciente edición, la Revista Semana, muestra el entramado de corrupción en la Aerocivil, que las denuncias van más allá de contratos fraudulentos y estafas. Se encuentran denuncias por narcotráfico que tendrían incidencias internacionales.
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Las denuncias son tan graves que incluyen amenazas en contra de quienes se atreven siquiera a mencionar los hechos que vinculan a funcionarios de la Aerocivil con organizaciones narcotraficantes.
Según las revelaciones de Semana, la red criminal, según el documento, funciona así: los controladores supuestamente comprometidos con las actividades ilegales en cada regional tienen misiones puntales; ya sea apagar los radares o parquear las aeronaves en espacios previamente fijados, donde se supone que es cargada la cocaína.
Incluso, algunos utilizan los privilegios de ser funcionarios de la Aerocivil para ingresar con vehículos de la misma entidad hasta los hangares evitando los controles del personal de seguridad. En los vehículos de la entidad transportan la cocaína.
“El controlador (se reserva el nombre) quien con el vehículo asignado tumbó la barda de seguridad para pasar, por un lado, sin hacer uso del carné de identificación y autorización del vehículo (…) ese carro es usado entre otras actividades irregulares para facilitar el ingreso de narcotráfico. Tiene una capacidad de carga de dos toneladas”, advierte el informe especial, que compromete a cerca de 100 funcionarios, dados a conocer por SEMANA.
En las regiones la situación es diferente, casi de película. Los controladores tienen la posibilidad de inhabilitar los radares o simplemente permiten su deterioro a tal punto que quedan fuera de servicio y peligrosa y convenientemente a merced de los criminales.
El vacío en la vigilancia aérea en los radares secundarios que posee la Aerocivil es justamente la estrategia del narcotráfico y deja, en mayúsculas, según un documento enviado a la dirección general de la Aerocivil, “pistas no controladas”, que, dicho por los propios funcionarios, es la arena de operaciones criminales para los narcos.
“En temporadas altas los narcos advierten los aviones que salen y entran, los técnicos apagan los radares y en ese momento pasan más de cinco aeronaves en fila… Se detecta en el centro de control, se abre una investigación… pero no pasa nada”, señala la fuente de la revista.
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Además, hace otras denuncias de cómo, curiosamente, la lista de problemas en los radares, microondas y en los sistemas de seguridad aérea en la región oriente del país están abandonados por la propia Aerocivil.
La realidad del abandono y la falta de elementos de detección de aeronaves que salen desde pistas clandestinas ubicadas en la zona de frontera con Venezuela está plasmada en un documento que fue remitido por correo electrónico al director (e) de la Aerocivil, Francisco Ospina Ramírez, con el asunto “Carencia de sistemas aeronáuticos confiables”. “Claramente, facilitando un corredor para el narcotráfico que es de conocimiento público en la Aerocivil, pero nadie dice o hace algo”, agrega la fuente.
Los reportes de daños o radares fuera de servicio están, particularmente, en la zona de frontera con Venezuela y donde organizaciones como las disidencias de las Farc y el ELN, se disputan a sangre y fuego el control de las rutas del narcotráfico.
Incluso advierten en el mismo documento cómo la Fuerza Aérea en ocasiones impide el acceso de los funcionarios que realizan los mantenimientos a los radares y los microondas.
En orden se explica la situación de los sistemas de navegación y control aéreo en la región oriental de Colombia. Por ejemplo, el radar Carimagua, que cubre los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Vichada, está fuera de servicio desde agosto. Desde hace un año también lo están los equipos de comunicaciones, transmisores y receptores tierra-aire en Puerto Inírida.
“En Pompeya (estación de la Aerocivil en el oriente del país), una ventisca fuerte tumbó la torreta que sostenía las antenas de microondas y equipos de comunicaciones. Además, el suelo del cuarto de equipos se cedió, dañando el sistema de energía. Es urgente que se recupere esta estación que ayuda a la operatividad de la frecuencia de Villavicencio con el tráfico de helicópteros y aviones”, señala uno de los documentos del dosier.
En el informe especial que llegará a la DEA, se advierte, por ejemplo, que en Bogotá al menos nueve funcionarios, plenamente identificados, estarían comprometidos en los hechos irregulares, incluso con funcionarios de la Policía Antinarcóticos y de Bomberos, adscritos a la Aerocivil.
La lista crece en número de funcionarios vinculados en las zonas de mayor penetración del narcotráfico. En Antioquia, por ejemplo, son 28 los enredados, mientras que en Cali se cuentan 21 encargados de la seguridad aérea.
Sin embargo, la mayoría son controladores que están en los centros de control y las torres, los mismos que se encargan de los radares, de dar indicaciones a los pilotos y de señalar dónde se parquea un avión al momento de aterrizar.
Quienes denuncian piden a las autoridades hacer una investigación sobre el incremento patrimonial de los funcionarios. Aseguran que es evidente y así podrían identificar quiénes, de la noche a la mañana, pasaron de ser modestos funcionarios a convertirse en millonarios inversionistas con fincas, edificios y autos de lujo.