La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial, señaladas en un audio atribuido a alias Pipe Tuluá, cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, recientemente extraditado a Estados Unidos.
Según el escrito, la denuncia se sustenta en un audio revelado este martes por la precandidata presidencial Vicky Dávila, en el que alias Pipe Tuluá asegura haber entregado recursos económicos a la campaña de Petro a través de su hermano, Juan Fernando Petro. La organización solicitante pidió que se investigue una posible financiación con fuentes prohibidas, así como eventuales delitos de tráfico de influencias, concierto para delinquir y presuntos pagos ilegales para influir en entidades del Estado, como la Dian.
Audio y señalamientos directos
En la grabación, atribuida al extraditado, este afirma contar con videos, audios y consignaciones bancarias que probarían los supuestos aportes económicos, no solo para la campaña electoral, sino también para trámites judiciales y procesos de paz. “Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata no solo para su campaña, sino para otras cosas de la Dian”, se escucha decir en el audio divulgado.
Alias Pipe Tuluá señaló además que entregará dichas pruebas a la justicia de Estados Unidos, lo que motivó a los denunciantes a solicitar la activación de mecanismos de cooperación judicial internacional.
Solicitan investigación penal y juicio político
La Red de Veedurías pidió a la Comisión de Acusaciones que se adelante un plan metodológico de investigación, se practiquen pruebas testimoniales y documentales, y se evalúe la procedencia de un juicio político por indignidad contra el jefe de Estado.
Entre las pruebas solicitadas figuran el audio divulgado públicamente y las declaraciones tanto de Vicky Dávila como del propio alias Pipe Tuluá.
Respuesta del presidente
El presidente Gustavo Petro negó cualquier vínculo con los hechos denunciados y afirmó que no ha recibido financiación ilegal. En entrevista con Caracol Radio, desde Estados Unidos, sostuvo que, de existir responsabilidades, estas corresponderían a su hermano. “A mí esos chantajes no van conmigo”, declaró el mandatario.
El caso abre un nuevo frente de controversia política y judicial en el país, en medio del debate sobre la transparencia en la financiación de campañas electorales y el alcance de las investigaciones contra altos funcionarios del Estado.