Las autoridades colombianas han intensificado durante el 2025 las operaciones de seguridad en varias regiones del país afectadas por disputas entre grupos armados ilegales, criminalidad organizada y economías ilícitas. El objetivo principal es recuperar el control territorial, garantizar la movilidad de la población y proteger a líderes sociales y comunidades vulnerables.
En departamentos como Cauca, Norte de Santander, Arauca y Nariño, se han desplegado nuevas unidades especializadas en inteligencia, desarticulación de bandas y patrullaje rural. La Fuerza Pública también ha implementado sistemas tecnológicos de monitoreo, drones tácticos y análisis satelital para anticipar movimientos de grupos ilegales.
El Gobierno ha insistido en que la seguridad no puede ser abordada únicamente desde lo militar. Por eso, paralelamente avanzan programas de inversión social, sustitución de cultivos ilícitos y fortalecimiento de la justicia local, especialmente en municipios donde la presencia institucional ha sido históricamente débil.
A pesar de los avances, organizaciones sociales señalan que persisten desafíos significativos: amenazas a líderes comunitarios, reclutamiento forzado, extorsiones y desplazamientos intermitentes. Las comunidades piden que las estrategias tengan continuidad a largo plazo y no dependan exclusivamente de coyunturas políticas.
Con una combinación de acción militar, diálogo territorial y proyectos de desarrollo, el país busca reducir los indicadores de violencia y recuperar la confianza de los habitantes de zonas que durante décadas han vivido bajo la sombra de la inseguridad.