El presidente Gustavo Petro ordenó un bombardeo militar contra disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco en el Guaviare.
Según el Ministerio de Defensa, la operación buscaba desarticular redes criminales vinculadas al narcotráfico y a la extorsión.
Las autoridades informaron que al menos 19 miembros de la disidencia murieron en el bombardeo.
Además, se reportaron 25 “neutralizados” (muertos, capturados o rendidos) según Petro.
La operación también habría permitido incautar armas: fusiles, munición y equipo de guerra, según el Ministerio de Defensa.
En la ofensiva, según reportes, murieron 12 menores: se informa que estos niños y adolescentes habían sido reclutados por las disidencias para combatir.
Petro afirmó que no tenían conocimiento seguro de la presencia de menores cuando dio la orden, pero dijo que “se podía presumir” su existencia debido al reclutamiento que hace ese grupo armado.
En defensa del operativo, Petro aseguró que no fue un “crimen de guerra”: dijo que no ocultaron información y que querían proteger a los militares.
Sin embargo, hay críticas desde varios sectores (políticos, defensores de derechos humanos) por la muerte de menores: algunos argumentan que el operativo no respetó suficientemente los principios del derecho internacional humanitario.