Brasil está recurriendo a la ciencia forense y al análisis científico del oro para enfrentar la minería ilegal, una actividad que continúa provocando graves daños ambientales y sociales en la Amazonía. La estrategia busca determinar con precisión de dónde procede el mineral y establecer si fue extraído legalmente o de zonas donde la actividad minera está prohibida.
Investigadores del Instituto Nacional de Criminalística de Brasilia recogen muestras de oro provenientes de diferentes regiones del país para estudiar su denominada “huella digital”. El mineral conserva partículas y características químicas relacionadas con el lugar donde se formó, por lo que estas señales pueden utilizarse para identificar su procedencia mediante técnicas como la microscopía electrónica y la espectrometría.
La investigación está vinculada con el trabajo de la Policía Federal brasileña, cuyos especialistas también recolectan muestras directamente en los lugares donde se detectan actividades ilegales. Estas evidencias alimentan una base de datos conocida como la Base Nacional de Perfiles de Oro, que permite comparar las características de distintas muestras y establecer posibles coincidencias con determinados yacimientos.
El objetivo principal es atacar uno de los puntos más importantes de la cadena de la minería ilegal: la comercialización del oro. Una vez que el mineral llega al mercado, puede resultar difícil comprobar si fue extraído de manera legal. Por ello, el denominado “laboratorio de oro” busca determinar su verdadero origen y evitar que un mineral obtenido ilegalmente sea presentado como legítimo mediante documentación falsa o irregular.
La magnitud del problema es especialmente importante en la Amazonía brasileña. Más del 90 % de la minería de Brasil se concentra en esta región, y una parte considerable de las operaciones desarrolladas en áreas protegidas es ilegal. La actividad también ha provocado una extensa pérdida de cobertura vegetal: un estudio citado por La Silla Vacía señala que la minería ya ha afectado más de 220.000 hectáreas de selva tropical en la Amazonía brasileña.
Los impactos no se limitan a la deforestación. La minería ilegal también afecta a comunidades indígenas, fuentes de agua y ecosistemas, además de aumentar los niveles de contaminación. La exposición a contaminantes asociados con estas actividades puede tener consecuencias sobre la salud, incluyendo problemas cardiovasculares y cognitivos.
La experiencia brasileña también guarda relación con iniciativas que se desarrollan en Colombia. La Agencia Nacional de Minería puso en marcha un sistema de trazabilidad que busca registrar las operaciones relacionadas con el oro en tiempo real y fortalecer los controles sobre su comercialización.
A esto se suma el proyecto “huella digital de minerales” del Servicio Geológico Colombiano, que busca identificar la procedencia del oro mediante sus características químicas y geológicas. Debido a la diversidad geológica del país, el oro procedente de diferentes yacimientos puede presentar combinaciones particulares de elementos que permiten establecer su origen.
El proyecto colombiano comenzó en 2018, cuando se inició la adquisición de equipos. Posteriormente se realizaron pruebas piloto y se avanzó hacia un sistema de trazabilidad articulado con entidades del sector minero y organismos internacionales. En 2026, además, el Gobierno británico destinó recursos para adecuar el laboratorio donde se realizan estas investigaciones.
La utilización de herramientas científicas para rastrear el oro representa una nueva forma de combatir la minería ilegal: seguir el mineral hasta su origen. En lugar de concentrarse únicamente en perseguir las operaciones extractivas, la estrategia busca dificultar que el oro de procedencia ilegal pueda ingresar al mercado formal.
De esta manera, la experiencia brasileña muestra cómo la ciencia, la tecnología y la investigación criminal pueden convertirse en herramientas para proteger la Amazonía y fortalecer la trazabilidad de uno de los minerales más comercializados del mundo.