La investigación por el asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay dio un giro determinante. La Policía Nacional reveló que la disidencia de las Farc conocida como ‘La Segunda Marquetalia’, liderada por alias Iván Márquez, habría sido la organización que ordenó el magnicidio ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.
El crimen, perpetrado a plena luz del día durante un evento de campaña en el parque El Golfito del barrio Modelia, dejó consternado al país y generó una amplia operación judicial. En las últimas horas, las autoridades anunciaron la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como pieza clave en la conexión entre los autores intelectuales y los sicarios que ejecutaron el ataque.
“Esta persona sería el enlace con la estructura criminal que determinó el homicidio del senador Miguel Uribe”, explicó el general William Rincón, director de la Policía Nacional. “Alias El Viejo habría sido el encargado de planear, coordinar y ejecutar el componente sicarial del crimen”.
Según las autoridades, la Fiscalía General de la Nación ha capturado a nueve personas vinculadas al caso, gracias a un trabajo de investigación y seguimiento coordinado con la Policía y el Ministerio de Defensa.
El ministro Pedro Sánchez calificó esta detención como “la más importante en el marco de la investigación”, asegurando que permitirá identificar la cadena completa de mando detrás del magnicidio.
“Esta captura representa un paso fundamental hacia la verdad y la justicia. El país merece saber quiénes están detrás de este crimen que atentó contra la democracia”, afirmó el ministro.
Por su parte, Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe, destacó el avance y pidió que el caso se resuelva sin impunidad:
“Confiamos en que este avance permitirá esclarecer los hechos y reafirmar el compromiso del Estado con la verdad y la justicia”.
Las autoridades continúan recabando pruebas que vinculan directamente a la ‘Segunda Marquetalia’ con el atentado, mientras se evalúa la participación de otras estructuras criminales que habrían facilitado la operación en la capital.
El país permanece atento al desarrollo de esta investigación, considerada uno de los casos más graves de violencia política en los últimos años.