Bogotá, Colombia — Las finanzas públicas de Colombia atraviesan una fase crítica que ha encendido alarmas tanto dentro como fuera del Gobierno. El dato más reciente y preocupante es que la caja de la Nación —el saldo de recursos líquidos disponibles para el Estado colombiano— cayó a un mínimo histórico de aproximadamente $1,4 billones de pesos colombianos a comienzos de diciembre de 2025, insuficiente incluso para cubrir gastos básicos diarios del Estado.
¿Qué es la caja de la Nación y por qué importa?
La caja de la Nación es el conjunto de recursos financieros disponibles que tiene el Estado colombiano para cumplir con sus obligaciones inmediatas: pago de nóminas, pensiones, contrataciones públicas, inversiones en infraestructura, salud, educación y otros compromisos del gasto público. Estos fondos son administrados por el Tesoro Nacional bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se nutren de impuestos recaudados, transferencias, créditos y otros ingresos corrientes.
Hundimiento de los recursos: cifras alarmantes
El reporte más reciente de los saldos del Tesoro Nacional en el Banco de la República reveló una caída significativa de los recursos disponibles. Según el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el saldo llegó a apenas $1,4 billones el 5 de diciembre de 2025, lo que representa un nivel sin precedentes en los registros modernos de la economía colombiana.
Este monto representa apenas la disponibilidad para cubrir aproximadamente un día de gasto del Gobierno, dado que en un mes normal la ejecución de gasto puede rondar los 30 billones de pesos.
¿Por qué se llegó a este punto?
La caída en los recursos de la caja responde a una confluencia de factores:
- Débil recaudo tributario: A pesar de cierto crecimiento frente al año anterior, el recaudo entre enero y octubre de 2025 quedó casi $8 billones por debajo de la meta establecida por la DIAN, lo que presionó los ingresos disponibles.
- Alta presión del gasto público: El Estado enfrenta crecientes compromisos de gasto al finalizar el año, lo que ha drenado los recursos líquidos.
- Estrategias de liquidez que sacrifican efectivo inmediato: El Gobierno ha recurrido a la emisión de deuda pública y a colocar títulos TES para garantizar liquidez, pero estas operaciones no se traducen en efectivo disponible de forma inmediata para pagar compromisos corrientes.
- Reforma tributaria fallida: La reforma tributaria que hubiera permitido recaudar unos 16 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026 no fue aprobada por el Congreso, lo que agravó el desbalance de ingresos y gastos.
Opiniones de economistas y expertos
La situación ha sido calificada como preocupante por varios analistas:
- José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, ha señalado que 2024 y 2025 son de los peores años en la historia reciente de Colombia en materia fiscal, caracterizados por un déficit persistente, deuda elevada y bajo recaudo tributario, todo lo cual llevó a esta caída histórica de la caja.
- La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió que aunque la estrategia de manejo de deuda redujo el costo de intereses a corto plazo, se ha utilizado ese espacio fiscal para aumentar el gasto en 0,5% del PIB, intensificando la presión sobre las finanzas.
¿Qué riesgos enfrenta Colombia?
La escasez de liquidez inmediata tiene implicaciones graves para la economía y el funcionamiento del Estado:
- Riesgo de incumplimiento de pagos corrientes si los niveles de caja no aumentan.
- Mayor incertidumbre fiscal, que podría afectar la percepción de riesgo país en los mercados financieros.
- Necesidad de reformas estructurales o ajuste fiscal para estabilizar la situación a mediano plazo.
Además, las proyecciones del déficit fiscal sugieren que el desequilibrio podría incluso profundizarse en 2026, alcanzando niveles cercanos al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), superando las metas oficiales.
Caminos por delante
Expertos coinciden en que la solución no está en medidas temporales o parches de liquidez, sino en reformas fiscales estructurales que aumenten el recaudo, optimicen el gasto y restauren la confianza en las cuentas públicas. La situación pone al próximo gobierno, y al de Petro en sus últimos meses de mandato, ante decisiones difícilísimas para garantizar la estabilidad económica del país.