La investigación penal contra el periodista y exdirector de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas, continúa generando nuevas controversias tras conocerse diferencias entre Caracol Televisión y el Ministerio de Trabajo sobre el manejo de las pruebas que hoy hacen parte del proceso judicial.
El caso tomó un nuevo rumbo luego de que tres de las cuatro mujeres vinculadas al expediente manifestaran, mediante una comunicación dirigida a la Fiscalía, que no desean participar en un eventual juicio. En el documento aclararon que nunca presentaron una denuncia penal contra el comunicador, sino una queja de carácter laboral ante Caracol Televisión por presuntas conductas de acoso.
A raíz de esa queja, el Ministerio de Trabajo adelantó una inspección en las instalaciones del canal para verificar las actuaciones internas relacionadas con el caso. Posteriormente, la Fiscalía conformó un equipo especial que imputó cargos a Vargas por presunto acoso sexual, acusación que el periodista rechazó.
La polémica surgió después de que Caracol Televisión enviara una comunicación al Ministerio de Trabajo en la que cuestionó el procedimiento realizado durante la inspección. En el documento, el canal señaló que funcionarios de la entidad habrían tomado fotografías y grabaciones de trabajadores sin autorización y expresó preocupación por el manejo de información reservada, solicitando que se respetaran los principios de confidencialidad, debido proceso y no revictimización.
Además, el canal aseguró que no entregó pruebas documentales directamente a la Fiscalía, indicando que la evidencia relacionada con el caso permanece en poder de las presuntas víctimas.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo sostuvo una versión diferente. El ministro Antonio Sanguino explicó que la entidad remitió a la Fiscalía toda la documentación recopilada durante las inspecciones, incluyendo hojas de vida, llamados de atención y documentos que, según afirmó, fueron entregados inicialmente por Caracol Televisión como parte de la investigación administrativa.
El funcionario agregó que la entrega del material se realizó únicamente por orden judicial y bajo los protocolos establecidos para la reserva de la información. Posteriormente, indicó que la Fiscalía efectuó una inspección en las instalaciones del Ministerio para retirar físicamente la documentación que consideró necesaria para continuar con la investigación.
Mientras avanza el proceso judicial, las diferencias entre el canal y el Ministerio de Trabajo se centran en el origen y el manejo de las pruebas que hoy hacen parte del expediente, un aspecto que podría tener relevancia en el desarrollo de las actuaciones de la Fiscalía.