La Fiscalía General de la Nación le imputó ayer lunes 10 de noviembre cinco nuevos delitos a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La diligencia judicial, se realizó ante un juez de control de garantías y corresponde a una segunda línea de investigación abierta por el ente acusador.
Los nuevos cargos son por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio. Estos hechos se relacionarían con presuntas irregularidades en la gestión y direccionamiento de contratos firmados con una fundación vinculada a la Gobernación del Atlántico durante el periodo en que Nicolás Petro se desempeñó como diputado de ese departamento.
La audiencia ocurre mientras avanza el proceso principal que enfrenta el exdiputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que le fueron imputados en 2023 tras revelarse supuestos movimientos de dinero no justificados. En esa causa, el juez de conocimiento ya avaló la legalidad de las declaraciones de su expareja, Day Vásquez, quien es una de las principales testigos del caso.
Aunque la Fiscalía confirmó ante el despacho judicial que su radicación incluía “las dos peticiones” (imputación y medida de aseguramiento), el juez separó los momentos procesales.
La Fiscalía General de la Nación comunicó formalmente al exdiputado del Atlántico Nicolás Fernando Petro Burgos su vinculación a un nuevo proceso penal en una audiencia pública ante autoridad competente.
La formulación de imputación —un acto de comunicación que formaliza la calidad de imputado— se llevó a cabo luego de que el juez desestimara las peticiones de la defensa para suspender el procedimiento.
La Fiscalía precisó que las imputaciones no obedecen a “retaliación y circunstancias [personales]”, sino que provienen de una compulsa de copias ordenada previamente por el Juzgado 74 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.