El expediente judicial de Aída Merlano continúa moviéndose tras varios años de decisiones, fugas y retornos que han marcado uno de los casos más mediáticos del país. La excongresista fue inicialmente condenada en 2019 por delitos relacionados con compra de votos en el Atlántico, un proceso que destapó una trama de corrupción electoral de gran impacto. Posteriormente, en 2022, la Corte Suprema de Justicia le impuso otra condena por violación de topes de campaña, decisión que fue confirmada en 2024.
En octubre de 2019, cuando cumplía pena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, Merlano protagonizó una de las fugas más recordadas en Colombia. Aprovechó una cita odontológica en un consultorio del norte de la capital para descender por una cuerda desde una ventana y escapar en una motocicleta conducida por cómplices. Tras permanecer en Venezuela durante su huida, regresó al país deportada el 10 de marzo de 2023.
El caso tuvo un nuevo giro el 5 de diciembre de 2025, cuando una jueza de Bogotá avaló un preacuerdo entre Merlano y la Fiscalía, mediante el cual la excongresista aceptó responsabilidad por el delito de fuga de presos. La decisión derivó en una condena de 42 meses de prisión. Durante la audiencia, la jueza negó la solicitud de otorgarle prisión domiciliaria, argumentando riesgo de evasión debido a sus antecedentes. Merlano, por su parte, expresó arrepentimiento y pidió disculpas a la justicia, señalando que su escape se originó por temor y por supuestos malos tratos que habría recibido en el penal.
Con esta sentencia, Merlano suma tres condenas firmes en su contra: una por corrupción electoral, otra por violación de topes de campaña y una más por haber evadido a las autoridades. Su caso continúa siendo objeto de análisis público, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por lo que revela sobre el funcionamiento del sistema electoral, la vigilancia penitenciaria y las dinámicas políticas en el país.