La Fiscalía General de la Nación radicó este lunes 9 de febrero la solicitud de imputación de cargos y medida de aseguramiento domiciliaria contra Juliana Guerrero, en medio del proceso que se adelanta por presuntas irregularidades en la obtención de títulos universitarios.
La solicitud también cobija al secretario general de la Universidad San José, señalado de participar en la expedición de los documentos académicos cuestionados. El ente acusador imputará los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, en un caso que ha generado amplio impacto en la opinión pública.
¿En qué va el caso?
El escándalo salió a la luz cuando Guerrero aspiraba al cargo de viceministra de Juventudes, adscrito al Ministerio del Interior. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza alertó sobre inconsistencias en su hoja de vida, tras evidenciar que no aparecían resultados de Guerrero en las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse como profesional en Colombia.
A partir de esa denuncia, comenzaron las indagaciones sobre su paso por la Universidad San José. Las investigaciones revelaron inconsistencias relacionadas con la obtención del título y con los tiempos de experiencia laboral reportados.
Posteriormente, el Icfes confirmó que Guerrero no presentó el examen de Estado, lo que reforzó las sospechas sobre la legalidad de sus credenciales académicas.
Títulos anulados y nombramiento caído
Ante la gravedad de los hallazgos, la Universidad San José anuló los títulos otorgados y destituyó a su secretario general. Como consecuencia directa, se cayó el nombramiento de Guerrero como viceministra.
De manera paralela, el Ministerio de Educación abrió una investigación administrativa para establecer responsabilidades y revisar los procedimientos de expedición de títulos en la institución.
Pagos bajo la lupa
Nuevos elementos han seguido apareciendo. Según reveló la representante Pedraza, existirían facturas validadas por la Dian que evidenciarían pagos realizados por Guerrero para obtener los títulos, que ascenderían a cerca de ocho millones de pesos.
Por su parte, la Procuraduría solicitó información al Ministerio de Educación sobre el avance del caso y pidió detallar las medidas preventivas o correctivas que se adoptarán para garantizar la legalidad en la entrega de títulos y restablecer la confianza institucional en la Fundación de Educación Superior San José.
El proceso entra ahora en una fase clave, a la espera de que un juez defina si avala la imputación de cargos y la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.