El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue creciendo. Luego de la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, así como de Sandra Ortiz, se conoció que más exfuncionarios del alto gobierno podrían ser imputados en los próximos días, según reveló el diario El Tiempo.
Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd y hoy testigos clave en el proceso, han venido entregando información ante la justicia en busca de beneficios judiciales. Sus declaraciones han permitido destapar una presunta red de corrupción que, de acuerdo con las investigaciones, incluía pagos por 4.000 millones de pesos a congresistas para asegurar su respaldo a proyectos del Ejecutivo.
Uno de los nombres que estaría en la mira de la Fiscalía es el de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Según un auto de la Corte Suprema, González habría sido quien ordenó esos pagos a legisladores para que no bloquearan las reformas impulsadas por el Gobierno.
También sería imputado César Augusto Manrique Soacha, exjefe de la Función Pública, señalado de participar en la triangulación de recursos mediante un convenio de 100.000 millones de pesos entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras.
Otros involucrados que figuran en el expediente judicial son Luis Carlos Barreto, por presunto direccionamiento de contratos; Ana María Riveros y Sonia Rocío, familiares de Edgar Viveros, también implicados; así como Edgar Echeverri y Francisco Estupiñán, de la Fundación Yapurutú.
El caso se ha centrado en la compra de apoyo legislativo para las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Según el documento de 183 páginas de la Corte Suprema que ordenó la captura de Name y Calle, existen pruebas contundentes de que ambos utilizaron su posición en el Congreso para continuar con estos actos ilícitos, afectando incluso a comunidades vulnerables como la de La Guajira, al impedir que accedieran a recursos para agua potable.
El tribunal advirtió que la reciente elección de Iván Name como presidente del Congreso, con apoyo multipartidista, refuerza el riesgo de reiteración delictiva. Lo mismo ocurre con Andrés Calle, cuya influencia política podría facilitar la continuidad de las actividades ilegales.
La Corte también valoró la colaboración de López y Pinilla como determinante para ordenar las capturas, señalando que sus testimonios han sido reveladores y claves en la investigación.