El departamento del Cauca continúa siendo el territorio más afectado por las masacres en Colombia durante 2026. El reciente asesinato de tres comerciantes en el municipio de Corinto volvió a evidenciar la grave situación de seguridad que enfrenta la región y el impacto que siguen teniendo las disputas entre grupos armados ilegales sobre la población civil.
El crimen ocurrió el pasado 4 de julio en la vereda El Barranco, zona rural de Corinto, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de Jhon Pedro Rodríguez, de 38 años; Rodrigo Rodríguez, de 40, y Jhon Bastos, de 35 años. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las víctimas habían sido reportadas como secuestradas y sus cuerpos presentaban signos de tortura.
Los tres hombres eran oriundos del departamento del Huila y se encontraban en la zona realizando actividades comerciales cuando desaparecieron.
Cauca concentra el mayor número de masacres
Con este nuevo hecho, Indepaz informó que en Colombia se han registrado 69 masacres durante lo corrido de 2026, las cuales han dejado un saldo de 364 personas asesinadas.
De ese total, 11 masacres ocurrieron en el departamento del Cauca, cifra que representa cerca del 15,9 % de todos los casos documentados por la organización. Además, estos hechos violentos han cobrado la vida de 58 personas, convirtiendo al departamento en el más afectado por este tipo de crímenes durante el presente año.
Las cifras reflejan la persistencia de una crisis de seguridad que, desde hace varios años, mantiene al Cauca entre las regiones con mayores índices de violencia relacionados con el conflicto armado y la presencia de organizaciones ilegales.
Corinto, uno de los municipios más afectados
El municipio de Corinto, ubicado en el norte del departamento, continúa siendo uno de los principales escenarios de confrontación entre grupos armados ilegales que disputan el control de corredores estratégicos utilizados para la movilidad y las economías ilícitas.
Según la Defensoría del Pueblo, la población civil enfrenta un alto nivel de riesgo debido a los enfrentamientos entre la estructura Dagoberto Ramos y el Frente 57 «Yair Bermúdez», organizaciones armadas que mantienen presencia en esta zona del país.
La entidad advirtió sobre esta situación mediante la Alerta Temprana 019 de 2024, en la que alertó sobre el incremento de homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos y otras violaciones a los derechos humanos derivadas de estas disputas territoriales.
Una escalada de violencia durante 2026
La situación de seguridad en el Cauca se agravó significativamente entre el 24 y el 30 de abril de 2026, periodo en el que se registró una ofensiva armada de gran magnitud.
Durante esos siete días ocurrieron 24 acciones violentas y terroristas en diferentes municipios del departamento. Entre los ataques se reportaron explosivos instalados en carreteras, vehículos cargados con bombas, ataques con drones contra instalaciones militares y otras acciones que dejaron un saldo de 22 personas fallecidas y 37 heridas.
De acuerdo con Indepaz, estos hechos fueron atribuidos al Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), especialmente al Frente Jaime Martínez, estructura que mantiene una disputa por el control territorial con otros grupos armados presentes en el norte y centro del departamento.
Persisten los desafíos para proteger a la población
El triple homicidio ocurrido en Corinto vuelve a poner de manifiesto las dificultades que enfrenta el Estado para garantizar la seguridad en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado.
Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el asesinato de los tres comerciantes, las cifras de Indepaz reflejan que la violencia colectiva continúa afectando gravemente al Cauca, donde las disputas entre grupos armados ilegales siguen representando una amenaza permanente para las comunidades.
Organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la necesidad de fortalecer las acciones de protección para la población civil, especialmente en los municipios del norte del departamento, donde persisten altos niveles de riesgo por la confrontación entre estructuras ilegales y el control de territorios estratégicos.