El Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió de forma provisional la investigación contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes en la financiación de su campaña presidencial de 2022. La decisión se tomó luego de que la Corte Constitucional admitiera una tutela presentada por el mandatario, en la que alegó una supuesta vulneración a su fuero constitucional. CNE suspende proceso contra Petro: acelera caso contra su equipo de campaña.
Según el auto emitido por el CNE, el proceso contra Petro queda congelado hasta que se resuelva de fondo la tutela radicada bajo el expediente T-10.871.254. La Corte deberá definir si el CNE tiene competencia para investigarlo, algo que ha sido cuestionado por el jefe de Estado y su defensa, quienes sostienen que solo la Comisión de Acusaciones del Congreso puede adelantar ese tipo de procesos.
Ricardo Roa y demás implicados deben presentar sus alegatos
A pesar de la suspensión contra Petro, el proceso sigue adelante para los demás investigados. El CNE notificó formalmente a Ricardo Roa —actual presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña—, a la tesorera Lucy Aydeé Mogollón, y a los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
Todos ellos deberán presentar sus alegatos de conclusión en un plazo de 15 días hábiles, lo que marca el inicio de la etapa final de la investigación administrativa.
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En el auto también se incluye a los partidos políticos que avalaron la candidatura de Petro: el movimiento Colombia Humana y la Unión Patriótica, señalados de permitir la supuesta financiación irregular.
¿Qué riesgos enfrentan los implicados? CNE suspende proceso contra Petro: acelera caso contra su equipo de campaña
El proceso por presunta vulneración del régimen de financiación electoral podría acarrear sanciones administrativas severas. En el caso del presidente, si la investigación llegara a reanudarse y se comprobara la falta, la sanción sería una multa de hasta el 10 % de los recursos públicos recibidos o la devolución de dichos dineros.
Para los demás implicados, las consecuencias van desde sanciones económicas hasta inhabilidades para ejercer cargos públicos. Además, la etapa actual —con la presentación de los alegatos— indica que el tribunal se acerca a emitir una decisión definitiva.